QUITO, Pichincha
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) implementaron un código de registro para los contribuyentes de algunos sectores económicos.
Desde el miércoles 10 de septiembre de 2025, los ciudadanos que procedan a inscribir o actualizar su Registro Único de Contribuyentes (RUC) podrán conocer si están catalogados como sujetos obligados a reportar ante la UAFE.
Cófigo de registro
En caso afirmativo, deberán gestionar su código de registro en dicha entidad dentro de un plazo de 30 días hábiles. No cumplir con este requisito acarreará la suspensión automática del RUC.
Esta disposición aplica tanto a sujetos obligados del sector financiero como del sector no financiero, que integran ámbitos como: entidades del Sistema Financiero Nacional, bolsas y casas de valores, negocios fiduciarios, comercialización de joyas, metales y piedras preciosas, aseguradoras, notarías, empresas de transporte de valores, así como organizaciones políticas de alcance nacional.
Por otro lado, existen sectores como las comercializadoras de vehículos, inmobiliarias y constructoras, empresas de transferencia de fondos y correos paralelos, administradoras de fondos, servicios de blindaje de vehículos, factoring, y clubes de fútbol, que, aunque no hayan sido notificados aún por el SRI, no están exentos de cumplir con las normativas establecidas por la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos y las resoluciones emitidas por la UAFE.
La UAFE y el SRI
Ambas instituciones subrayan que este proceso no es opcional y que la responsabilidad compartida de los contribuyentes es clave para evitar sanciones, pero, sobre todo, para fortalecer la transparencia y legalidad dentro del sistema tributario y financiero ecuatoriano.
Según anunció la UAFE en un comunicado, la medida se implementó para: proteger la economía licita del país, cerrar espacios a la economía criminal y reforzar la confianza ciudadana en el sistema financiero y tributario. (I)
