Por Elio Ortega Icaza
La Corte Constitucional del Ecuador, ha dictaminado que, en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, la ciudadanía podrá pronunciarse sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
En la misma papeleta se someterán a votación dos cuestiones adicionales: la posible instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos.
El anuncio fue transmitido con carácter de urgente por los principales medios de comunicación: radio, prensa y televisión interrumpieron su programación regular para informar a la nación de este paso decisivo en la vida institucional del país.
Si bien la Corte autorizó la inclusión de la pregunta, exigió al Ejecutivo revisar el estatuto de convocatoria y los considerandos jurídicos, a fin de que el proceso se ajuste plenamente a los principios de la Constitución, en especial el artículo 11.2, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación por cualquier causa, incluida la de carácter territorial.
Llamado cordal, respetuoso y oportuno a un equilibrio real de representación.
Desde esta tribuna de pensamiento y justicia, como ciudadano ecuatoriano, formulo un respetuoso exhorto a la Corte Constitucional: que, en el control previo de constitucionalidad, vele porque todas las regiones y provincias del país cuenten con la misma garantía de representación en la futura Asamblea.
La Amazonía ecuatoriana compuesta por: Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, es un pilar económico de la patria, gracias a la producción diaria de miles de barriles de petróleo, su biodiversidad.
Sin embargo, desde el descubrimiento de crudo en 1972, las compensaciones estatales han sido limitadas: persisten deficiencias en salud pública, falta de médicos especialistas, medicamentos y hospitales equipados, y una infraestructura educativa y vial precaria.
Un método de elección que sub-represente a estas provincias, todas con menos de 400 000 habitantes, no solo profundizaría una deuda histórica de inequidad, sino que además contravendría la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales de derechos humanos —entre ellos la Convención Americana (Pacto de San José), que reconocen el derecho a la participación política en igualdad de condiciones.
La Corte Constitucional, tiene hoy la oportunidad histórica de garantizar un proceso constituyente legítimo, cimentado en la justicia territorial y la equidad, para que la nueva Carta Fundamental nazca como un verdadero pacto social de unidad e inclusión nacional.
¡Y el tiempo sigue su marcha…! (O)
