GUAYAQUIL, Guayas
La Asamblea Nacional recibió a representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes solicitaron declarar en emergencia al sistema educativo, ante las reiteradas denuncias de extorsión a maestros, principalmente en la provincia del Guayas.
Gabriela Menéndez, representante de la UNE, informó que desde enero de 2025 se han presentado 45 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por extorsiones a docentes de la zona educativa 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón. Afirmó que el Ministerio de Educación no ha tramitado los traslados institucionales solicitados por los afectados.
Por su parte, Andrés Quishpe, también dirigente de la UNE, aseguró que la ministra de Educación, Alegría Crespo, reconoció oficialmente 119 casos de extorsión a docentes a nivel nacional.
Gustavo Ayala
En respuesta, el viceministro de Educación, Gustavo Ayala, calificó como aislados los casos registrados, precisando que solo 108 denuncias han sido confirmadas de un universo de 215 mil docentes, lo que representa un 0.05 % del total. Agregó que el 85 % de los cantones del país no registra ni un solo caso de extorsión, y que en ninguna provincia se supera el 1 % de incidencia.
Ayala enfatizó que el 62 % de los hechos violentos se produce fuera de las instalaciones educativas, y por ello rechazó la declaratoria de emergencia. “Cerrar aulas o reducir clases presenciales debilita el proceso educativo y fomenta la deserción escolar”, advirtió.
Desde el Ministerio del Interior, Paola Escobar, subsecretaria de Prevención del Delito, indicó que se han identificado 365 instituciones educativas en situación de riesgo y se ha fortalecido el patrullaje policial en sus alrededores. “Realizamos más de 35 mil actividades de control y prevención en zonas con alta conflictividad, dentro y fuera de los planteles educativos”, informó.
Al cierre de la sesión, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, pidió a los legisladores enviar sus inquietudes por escrito para que las autoridades las respondan de manera detallada. El análisis se centrará en el nivel real de amenazas, la cobertura de seguridad en las escuelas y la eficacia de los programas preventivos del Ministerio de Educación frente al crimen organizado. (I)
