QUITO, Pichincha
La vicepresidenta Verónica Abad, desde Ankara (Turquía), se pronunció el pasado 10 de noviembre sobre la sanción de 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo, que argumentó «incumplimientos administrativos». Abad solicitó la intervención de la Fiscalía, la Asamblea Nacional y la Contraloría, asegurando que esta sanción vulnera la Constitución y las leyes ecuatorianas.
Abad señaló que el Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, utiliza «argumentos propios de una dictadura» para bloquear la sucesión presidencial y consolidar el control. En un mensaje contundente, la vicepresidenta calificó esta medida como un «ataque sin precedentes al estado de derecho» y aseguró que el Ministerio de Trabajo busca inhabilitarla por una supuesta falta «sin pruebas ni justificación».
La vicepresidenta también solicitó a la Fiscalía investigar un posible delito de arrogación de funciones por parte del Ejecutivo. Además, pidió a la Asamblea Nacional que fiscalice las acciones del presidente, de la Cancillería y del Ministerio de Trabajo, y a la Contraloría que examine el proceso de traslado a Turquía y la sanción administrativa.
Este conflicto surge en un contexto electoral en el que Noboa, presidente desde noviembre de 2023, es candidato para el período 2025-2029. Según la ley, Noboa deberá delegar temporalmente sus funciones a Abad para realizar su campaña, algo que podría intensificar el conflicto, ya que ambos mantienen tensiones desde el inicio de su mandato, cuando Abad fue designada embajadora en Israel.
La sanción del Ministerio de Trabajo se dio pocos días después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) multara a Abad con USD 8,500 por presunta campaña anticipada en 2023, sin suspender sus derechos políticos.
¿Podrá el Gobierno justificar esta sanción en medio del conflicto de poderes y el clima electoral? La vicepresidenta promete mantenerse firme y llevar su denuncia a instancias internacionales si la situación no se revierte. (I)
