Por José Chica Pincay, docente e investigador
Verónica Abad, vicepresidenta de la República, ha hecho público su descontento por la detención de su hijo en Ecuador en relación con el caso «Nene». En sus declaraciones, expresa su indignación y señala el impacto negativo que esta situación tiene tanto en su vida personal como en la estabilidad institucional del país.
Abad denuncia abiertamente las presiones que ha recibido para renunciar a su cargo, considerando esta situación como un intento de apartarla del poder ejecutivo.
Esta postura refleja su percepción de una persecución política en su contra, marcando un tono de desconfianza hacia las acciones de las autoridades, especialmente del presidente Daniel Noboa, a quien responsabiliza por la seguridad de su hijo en prisión.
La preocupación de Abad por la seguridad de su hijo en prisión preventiva es evidente, resaltando la falta de pruebas contundentes que respalden su detención. Su crítica se enfoca en el contexto de una supuesta violencia política y manipulación de la justicia para fines políticos.
Además de defender su posición, Abad busca apoyo internacional de organismos de derechos humanos, enfatizando la necesidad de garantizar sus derechos y el debido proceso legal para su hijo y para ella misma.
Su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción también se hace patente al destacar la importancia de una investigación imparcial y objetiva en el caso «Nene».
La respuesta institucional al caso, iniciada por una denuncia ciudadana, muestra un esfuerzo por enfrentar posibles actos de corrupción. Sin embargo, la percepción de Abad sobre la situación refleja una falta de confianza en la imparcialidad de estas investigaciones y en la protección de sus derechos y los de su hijo.
En resumen, el caso «Nene» representa un punto crítico en la lucha por la justicia y la transparencia en Ecuador. La historia de Verónica Abad refleja los desafíos enfrentados por quienes buscan equidad y responsabilidad en el ejercicio del poder público.
Este caso invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en todos los niveles de la sociedad y la política ecuatoriana. (O)
