QUITO, Pichincha.
Las Fuerzas Armadas confirmaron el miércoles 1 de octubre de 2025 la liberación de 17 militares que permanecieron retenidos por tres días en una comunidad de Cotacachi, Imbabura, en medio del paro nacional. Tras su salida, se difundieron imágenes que evidencian los castigos y maltratos sufridos por los uniformados.
Los soldados fueron trasladados al Hospital Militar de Quito, donde reciben atención especializada. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, los militares presentan brazos y piernas fracturadas, heridas en la cabeza, contusiones, quemaduras y daños auditivos por la explosión de voladores. “Uno de los soldados está desfigurado por el golpe de una roca, con fracturas maxilofaciales y de nariz”, indicó.
Video muestra ortigamiento y humillación pública
Un video viralizado en redes sociales expone cómo los uniformados fueron obligados a disculparse con los comuneros antes de su liberación. En las imágenes se observa a un indígena golpeando con ortiga las manos atadas de un soldado mientras le exige respeto hacia las comunidades. Posteriormente, otros militares ofrecieron disculpas y agradecieron por la comida recibida.
La captura ocurrió el domingo 28 de septiembre, cuando un convoy humanitario que transportaba alimentos y combustibles hacia Imbabura fue atacado por manifestantes. Más de 20 soldados fueron aislados y llevados a un hotel de Cotacachi, donde permanecieron retenidos. Finalmente, 17 de ellos fueron liberados la madrugada del miércoles.
El Comando Conjunto rechazó “enérgicamente las agresiones contra el personal militar” y anunció que emprenderá acciones legales. “Estos actos violentos constituyen una flagrante agresión y un atentado contra el Bloque de Seguridad y la estabilidad nacional”, advirtió en un comunicado oficial.
Paralelo en Otavalo: detenidos trasladados a cárceles
En Otavalo, el 22 de septiembre, más de mil personas participaron en disturbios que dejaron 125 000 dólares en pérdidas materiales, según la Policía Nacional. Los manifestantes incendiaron vehículos, destruyeron oficinas policiales y agredieron a uniformados con piedras, bombas molotov y explosivos artesanales.
Tras estos hechos, 13 personas fueron procesadas por terrorismo; doce permanecen en prisión preventiva y una recibió medidas alternativas. El SNAI dispuso su traslado a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, decisión cuestionada por organizaciones de derechos humanos, especialmente porque coincidió con la masacre en Esmeraldas que dejó 17 muertos. (I)
