Votar sin dejarse engañar



Por Franklin Moreno Quezada

Como sucede en nuestro mar y fronteras, las FF. A.A. y la Policía Nacional en conjunto capturan drogas, armas…, así deben combatir la delincuencia.

En uno de los diarios porteños se publicó las ocho preguntas de la consulta popular, para que la ciudadanía las evalúe, reflexione y decida sin influencias nocivas.

Exhorto a meditar y considerar lo positivo para la colectividad ecuatoriana y pronunciarse responsablemente a favor o adversamente por estas, y no caer en el error de ciertos ‘políticos revolucionarios’ que ya anunciaron que votarán en contra de todas las preguntas, igual que el líder de cierto grupo indígena que lidera paros nacionales.

No están todas las preguntas que yo hubiera querido, como el derecho a la educación en derechos humanos, pero tengo el deber de pronunciarme por las que sí constan, por ejemplo, la “número 1. ¿Está usted de acuerdo que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado?”.

Yo votaré a favor de mi seguridad, y de la seguridad de todos los ecuatorianos, porque el crimen organizado y el narcotráfico están carcomiendo la paz, la seguridad, la economía, de todos nosotros, ¡hay que pararlos! Los puristas se oponen, piden no intervención de las Fuerzas Armadas.

Ciudadanos, ya se ejercen acciones conjuntas como sucede en nuestro mar y nuestras fronteras, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos conjuntos capturan drogas, armas, municiones, dinero…

Dicen que las competencias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son exclusivas, pero nuestra Constitución, en el Régimen de Competencias, artículo 260, establece: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio de competencias concurrentes en la prestación de servicios públicos y en las actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”. Entonces la pregunta es procedente, constitucional y conveniente para la seguridad de todos.

La seguridad ciudadana es un deber inexcusable del Estado, lo impone la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: el derecho a la vida y a la integridad personal es superior y está por encima del peligro potencial de un abuso de la fuerza unificada.

La Corte Constitucional está obligada a dar su dictamen favorable a esta pregunta número 1, porque debe ponderar entre la coexistencia del derecho a la seguridad e integridad personal de todos los ecuatorianos, frente al derecho del crimen organizado y del narcotráfico, camuflado frente al eventual peligro de un abuso de las fuerzas unificadas.

En el desarrollo progresivo de los derechos de la población prevalece el interés de quienes somos más, frente a las acciones de presión de la corrupción, del crimen organizado y del narcotráfico. (O)

Post Author: Redaccion

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