QUITO, Pichincha
Las comunidades Waorani de Pastaza rechazaron la sesión realizada el pasado 13 de noviembre de 2025 por la Corte Constitucional, donde los jueces debatieron el proyecto de sentencia del Caso Waorani (Causa N.º 1296-19-JP). Los dirigentes aseguran que el organismo avanzó en el análisis sin convocar a una audiencia presencial en territorio, un mecanismo que consideran indispensable para un verdadero diálogo intercultural.
Una delegación viajó desde Pastaza hasta Quito para reiterar su pedido: que la Corte escuche directamente a las familias Waorani antes de emitir la resolución. Los líderes recuerdan que llevan más de cinco años solicitando un proceso que incluya visitas al territorio, debido a que la oralidad y el contacto directo forman parte esencial de su estructura cultural.
En mayo de 2025, las comunidades entregaron respuestas colectivas a las preguntas del juez ponente Richard Ortiz, tras recorrer distintas zonas de su territorio. En esas respuestas insistieron en que el diálogo debe surgir de forma presencial y que las decisiones no pueden tomarse desde despachos alejados de la realidad amazónica. Hasta la fecha, no recibieron una notificación oficial sobre esos planteamientos.
Oswando Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), entregó una nueva carta a los jueces. “No pueden decidir sobre nosotros sin nosotros”, señaló durante el plantón realizado en los exteriores del tribunal constitucional.
Un caso que abarca siete nacionalidades amazónicas
El conflicto se originó en 2011, cuando el Decreto 1247 abrió paso a la XI Ronda Petrolera, que extendió la oferta hidrocarburífera sobre más de 3,5 millones de hectáreas de territorio indígena. En 2019, la Corte Provincial de Pastaza determinó que el Estado vulneró derechos al no garantizar el consentimiento del pueblo Waorani para actividades petroleras. Luego, en 2020, la Corte Constitucional seleccionó el caso para generar jurisprudencia vinculante sobre derechos colectivos.
Los dirigentes recuerdan que la futura decisión afectará directamente a las nacionalidades Sapara, Andwa, Achuar, Shuar, Kichwa y Shiwiar, cuyas tierras también se superponen con bloques petroleros activos o planificados. Las comunidades advierten que una eventual deselección del caso dejaría a varios pueblos —incluidos grupos en situación de contacto reciente— en mayor riesgo frente al avance de actividades extractivas.
Los Waorani piden a la Corte que resuelva el caso con prioridad y que establezca estándares claros sobre el consentimiento libre, previo e informado, uno de los principios más relevantes en conflictos socioambientales. También solicitan que el caso permanezca seleccionado, pues consideran que retirar su tratamiento implicaría un retroceso en la garantía de derechos indígenas. (I)
