QUITO, Pichincha
Cecilia Pareja, jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, debe decidir sobre la acción de protección presentada por el titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, el 3 de abril de 2023, en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y que se sustanció en una audiencia pública el pasado 10 de abril.
Terán pide que en un plazo de 48 horas (a partir de la resolución de la jueza), Lasso disponga que el Ministerio de Finanzas, desembolse $265’650.998 a la Judicatura. El monto constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal de 2023, se refiere en la demanda.
Según el Presidente de la Judicatura, el requerimiento presupuestario también es una medida de reparación a favor de 9.396 “víctimas” por la falta de recursos para la Función Judicial.
Varios conceptos
Los recursos solicitados servirían para pagar -de acuerdo con registros públicos de las direcciones de Talento Humano y Financiera del CJ- más de $30 millones por concepto de jubilación patronal de jueces y funcionarios jurisdiccionales administrativos. “Esta situación genera una vulneración a los derechos constitucionales”, señala Terán en su demanda.
También pide un recargo del 10% por cada día de retraso en las asignaciones.
Asimismo, para el pago de una deuda de $13’270.066 con funcionarios judiciales, por concepto de reintegros y reparaciones.
Infraestructura
Con los recursos que desembolse el Ministerio de Finanzas, también se cubrirá un déficit presupuestario de $16 millones para el mantenimiento y repotenciación de estructura física.
Según Terán, este faltante económico demuestra la vulneración del derecho al trabajo digno de los abogados. Detalló, por ejemplo, que en el país existen 241 infraestructuras judiciales de las cuales 100 son arrendadas y otras 21 son por convenio. Doce de estas están en estado precario.
Entre los hechos que, según Terán, demuestran las vulneraciones del derecho a la defensa, acceso a la justicia y tutela judicial de los usuarios de la administración de justicia, es que Ecuador posee 1.944 jueces, es decir, un promedio de nueve jueces de primer nivel y dos jueces de segundo nivel (provincial) por cada 100.000 habitantes.
Según información de la Unidad del Acceso Público de la Judicatura, Ecuador posee dentro del talento humano de los órganos judiciales 1.926 jueces, 1.335 secretarios, y 2.690 ayudantes judiciales. (I)
