QUITO, Pichincha
Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, fue liberado el 4 de octubre de 2024 tras cumplir una sentencia reducida de nueve meses y seis días. Su salida se produjo tras colaborar con la Fiscalía en el caso de obstrucción a la justicia, revelando presiones ejercidas por Wilman Terán durante su gestión.
Muñoz, quien había sido parte de decisiones controvertidas del CJ, como la destitución del juez Walter Macías, optó por un procedimiento abreviado que le permitió obtener una pena menor. Sin embargo, aún debe cumplir con las penas accesorias, que incluyen una multa de USD 11.040 y ofrecer disculpas públicas.
A pesar de su liberación, el cumplimiento de estas obligaciones está en proceso, y el 8 de octubre se celebrará una audiencia para definir los próximos pasos. La situación de Muñoz resalta la necesidad de una justicia efectiva y transparente en Ecuador, generando preguntas sobre la posibilidad de restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país.
Colaboración con la Fiscalía
En el contexto del caso Independencia Judicial, Muñoz optó por colaborar con la Fiscalía, ofreciendo un testimonio anticipado en el que declaró que sus votos eran producto de la presión ejercida por Terán. Además, reveló un plan que incluía la destitución de la fiscal Diana Salazar y el retorno del expresidente Rafael Correa.
A cambio de su colaboración, Muñoz recibió una pena reducida a nueve meses y seis días de cárcel, que debía cumplir hasta el 4 de octubre de 2024.
Diez días antes de cumplir la pena, solicitó un recurso de excarcelación, que fue aceptado por la jueza Melissa Muñoz, quien ordenó su liberación. Así, Xavier Muñoz dejó la Cárcel 4 de Quito el mismo día de la decisión.
Cumplimiento de la sentencia pendiente
A pesar de su liberación, Muñoz tiene varias obligaciones pendientes. Debe pagar una multa de USD 11,040 a la Función Judicial y la misma cantidad a Walter Macías como reparación integral, además de ofrecer disculpas públicas.
Mientras tanto, la sentencia debe publicarse en la página del Consejo de la Judicatura y en tres diarios de gran circulación nacional durante seis meses.
La ejecución de estas penas ha sufrido demoras debido a problemas internos en la Corte Nacional, que ha visto afectada su operatividad por la falta de jueces. Para abordar esta situación, se ha programado una audiencia el 8 de octubre de 2024, a las 08:00, para definir los detalles del cumplimiento total de la condena.
Por su parte, el abogado de Muñoz, Mauricio Garrido, aseguró que su cliente está dispuesto a cumplir con las penas accesorias y ha solicitado que se cobre la multa de los fondos retenidos durante el proceso. También ha ofrecido dos bienes inmuebles como parte de los pagos pendientes.
Con la audiencia programada para el 8 de octubre, se espera que se definan los pasos a seguir para el cumplimiento de las penas impuestas a Muñoz, lo que podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.
La resolución de este caso es crucial no solo para garantizar la justicia en el ámbito individual, sino también para restaurar la confianza pública en las instituciones del país. ¿Logrará el sistema judicial asegurar el cumplimiento de las sanciones y demostrar que la impunidad no tiene cabida en Ecuador? (I)
