QUITO, Pichincha
Varias empresas del sector minero se reunieron el miércoles 12 de junio de 2025 con autoridades del Ministerio de Energía para analizar los alcances y efectos de la nueva tasa de fiscalización minera, que el Gobierno comenzará a cobrar desde el próximo 30 de junio.
La medida, anunciada el 2 de junio por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), afectará a todos los operadores mineros del país, sin distinción de fase o tamaño: pequeña, mediana y gran minería, así como el régimen general. Solo la minería artesanal quedó exenta del cobro.
Según estimaciones del Ministerio de Energía, el Estado planea recaudar entre USD 200 y 220 millones anuales, con el objetivo de financiar tareas de fiscalización técnica y control ambiental en los distintos frentes de actividad minera en Ecuador.
La industria minera expresa su desacuerdo
El anuncio ha generado amplias críticas dentro del sector minero. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, consideró la tasa como «totalmente desproporcionada» y advirtió que los proyectos en fase de exploración son los más perjudicados, pues aún no generan ingresos.
Una de las reacciones más contundentes provino de la minera canadiense Aurania Resources, que mantiene concesiones en la región sur del país. La empresa aseguró que, con la propuesta vigente, tendría que pagar USD 24 millones este año, una cifra que supera diez veces el valor que usualmente abona por derechos de concesión.
“La tarifa resulta insostenible para cualquier empresa de exploración. No refleja la realidad económica de los proyectos que aún no tienen producción activa”, señaló Aurania en un comunicado oficial. Además, confirmó que trabaja junto a la comisión legal de la Cámara de Minería del Ecuador para plantear alternativas viables ante el Ejecutivo.
La Arcom informó que hasta el 15 de junio ajustará los mecanismos de cálculo y cobro. Si bien ya se publicó un borrador del documento técnico, la versión final todavía no ha sido oficializada en el Registro Oficial, lo que mantiene la incertidumbre entre los operadores.
Mientras tanto, el Ministerio de Energía sostiene su cronograma: a partir del 16 de junio se reactivará la reapertura del catastro minero, empezando con los registros de pequeña minería no metálica. En paralelo, el 30 de junio comenzará el cobro de la controvertida tasa de fiscalización, pese al creciente rechazo del sector. (I)
