QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos, el Tratado de Extradición entre Ecuador y Costa Rica, un instrumento que fortalece la cooperación judicial bilateral y establece mecanismos para evitar que las personas requeridas por la justicia evadan su responsabilidad penal al cruzar las fronteras.
Suscrito el 8 de noviembre de 2021, en San José de Costa Rica, el Tratado está integrado por 23 artículos que regulan las condiciones y los procedimientos para la entrega recíproca de personas procesadas o condenadas.
Las disposiciones
Entre sus principales disposiciones constan el principio de doble incriminación, los requisitos documentales, las causales de denegación, los plazos y el principio de especialidad, que garantiza que la persona extraditada sea juzgada únicamente por los hechos que motivaron su entrega.
El instrumento también establece garantías para proteger los derechos fundamentales, el debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, contempla mecanismos de detención provisional de hasta 60 días mientras se formaliza una solicitud de extradición, así como la cooperación para la entrega de bienes y elementos relacionados con actividades ilícitas.
Respaldo a la extradición
La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y ponente del informe, Lucía Jaramillo, destacó que la aprobación constituye un paso fundamental para hacer efectiva la voluntad popular expresada en la consulta popular de abril de 2024, cuando la ciudadanía respaldó la extradición de ecuatorianos.
Señaló que este mecanismo fortalece la capacidad del Estado para enfrentar las estructuras criminales transnacionales y evitar que otros países sean utilizados como refugio para evadir la justicia.
Durante el debate, varios legisladores respaldaron el instrumento por considerar que contribuye a combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
También formularon observaciones sobre las diferencias entre las legislaciones de ambos países y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y procesales.
En el ámbito constitucional, mediante Dictamen N.° 4-26-TI/26A, de 17 de septiembre de 2026, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad formal y material del Tratado y determinó que requería aprobación legislativa previa.
Con esta decisión, Ecuador completa el trámite interno requerido para la ratificación del instrumento. Costa Rica, por su parte, comunicó oficialmente que cumplió sus requisitos legales en agosto de 2023.
Conforme al artículo 23, el Tratado entrará en vigor 30 días después de que ambos países se notifiquen oficialmente la conclusión de sus respectivos trámites.
La resolución será remitida al presidente de la República para los fines constitucionales correspondientes. (I)
