QUITO, Pichincha
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional analizó la resolución del CAL que delega a la Comisión de Participación Ciudadana la fiscalización exclusiva de la entrega de bonos y becas entre el 22 y 26 de marzo de 2025.
Con ocho votos a favor, la Comisión reafirmó su compromiso de continuar con el proceso formal de control político sobre este asunto, y autorizó a su presidente, Jaime Estrada, a enviar un oficio al CAL para exigir el cumplimiento estricto de las facultades que otorga el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El documento establece que ninguna otra comisión puede intervenir ni solicitar la comparecencia de funcionarios sobre esta materia, según el artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y el artículo 8 del Reglamento de Comisiones Especializadas de la Asamblea.
Estrada destacó que, antes de la entrega de los bonos, el 12 de marzo, se aprobó una reforma presupuestaria que evidencia que estos recursos no formaban parte de la planificación inicial, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.
El asambleísta Roque Ordóñez, promotor de la fiscalización, criticó los fundamentos técnicos y legales empleados para la distribución de los bonos, reafirmando la necesidad de esclarecer el caso y garantizar la correcta administración de los recursos públicos.
El contenido de la resolución será notificado formalmente al presidente de la Asamblea Nacional, al CAL y a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para los efectos legales correspondientes. (I)
