QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado inició un examen especial a la Corte Constitucional (CC) con el objetivo de verificar la gestión de talento humano y la veracidad en el pago de sueldos de jueces y funcionarios. La notificación se entregó a la Corte el pasado 15 de agosto, y desde entonces se han requerido documentos detallados sobre remuneraciones y procesos internos.
Entre los pedidos de la Contraloría se incluye información sobre los magistrados, presidente y vicepresidente de la CC desde 2021, así como el proceso de designación de jueces por la comisión calificadora, que en 2022 nombró a Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas, y cinco meses atrás designó a José Luis Terán, Jorge Benavides y Claudia Salgado.
El examen especial ocurre en medio de una tensa relación entre la Corte Constitucional y el Gobierno, que recientemente ordenó desalojar el edificio de la CC, aunque posteriormente revocó la decisión.
La Contraloría confirmó que esta auditoría forma parte del programa anual de control de la institución y no responde a un pedido específico, sino al seguimiento rutinario de la gestión administrativa y financiera de organismos del Estado.
El proceso busca garantizar transparencia y cumplimiento normativo en la Corte Constitucional, especialmente en la administración de recursos humanos y pagos de nómina, aspectos críticos en la fiscalización de organismos públicos. (I)
