SANTA ELENA, Santa Elena
El exvicepresidente Jorge Glas permanecerá detenido en la Cárcel del Encuentro, a la espera de que el juez Jean Daniel Valverde, de la Unidad Judicial de La Libertad, defina una solicitud de ‘habeas corpus’ correctivo presentada por la defensa, para que sea internado en un hospital.
Glas se encuentra recluido en el centro penitenciario de Santa Elena desde el 10 de noviembre de 2025. A ese lugar fue trasladado desde la cárcel de La Roca, en donde permanecía en detención desde su recaptura, el 5 de abril de 2024.
Cunple sentencias
Jorge Glas cumple sentencias por corrupción en el sector público durante el Gobierno de Rafael Correa: seis años por asociación ilícita (caso Odebrecht), ocho años por cohecho agravado (Caso Sobornos) y 13 años por peculado (Caso Reconstrucción). Esta sentencia se encuentra en primera instancia y la defensa del exvicepresidente aseguró que se apelaría.
El exvicepresidente entre 2013 y 2017 asistió a la audiencia de manera telemática y alegó un supuesto hostigamiento en su contra en el centro penitenciario, así como una presunta falta de acceso a medicinas y atención médica.
Atención médica
Por su parte, Richard Escobar, delegado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), rechazó la versión presentada por Glas y su defensa, al apuntar que ha recibido atención médica constante, que incluyen visitas de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el 20 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025.
Además, aseguró que no se ha podido demostrar y carece de pruebas y fundamentos una denuncia de su defensa sobre «tratos crueles e inhumanos» y privación de alimentación.
De hecho -apuntó- que desde su llegada a la Cárcel del Encuentro el 10 de noviembre, Glas ha recibido atenciones periódicas en medicina general, psicología, psiquiatría y enfermería.
Suspenden diligencia
La diligencia fue suspendida al mediodía, luego de que el juez Valverde indicara que no existía la presencia de un representante del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que evalúe a la persona privada de libertad y un supuesto informe médico, en los que se solicitaría que sea internado en una casa de salud.
Delegados del SNAI, el Ministerio del Interior y la Procuraduría presentaron una objeción a este documento y pidieron que sea rebatido y contrastado por personal del MSP.
El magistrado aceptó el pedido y suspendió la audiencia. Esta se reanudará el sábado 27 de diciembre a las 08:30, con la presencia obligatoria de un miembro del MSP, para garantizar la transparencia del proceso. (I)
