QUITO, Pichincha
La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME Nacional) y alcaldesa del cantón Muisne, Yuri Colorado, junto a representantes del gremio, presentaron en la Corte Constitucional un recurso de amicus curiae, en defensa de la Ley que reforma el COOTAD.
Integrantes del gremio, que representa a los 222 municipios del país, realizaron ayer lunes una marcha desde el parque el Arbolito hasta la sede de la Corte Constitucional, en el norte de Quito.
Ahí la alcaldesa Yuri Colorado manifestó su respaldo a la normativa ante una serie de 24 demandas de inconstitucionalidad que ingresaron a la Corte Constitucional contra Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
“Como AME Nacional representando a los 222 alcaldes y alcaldesas del país, le pedimos a los magistrados de la Corte Constitucional que, por favor, nos convoquen para ser parte de este proceso y explicar la importancia de la ‘ley del 70/30”, dijo la representante de la asociación.
Colorado también destacó que esta ley “significa más agua potable, más alcantarillado y más dignidad para la ciudadanía”. Y resaltó que en este momento Ecuador necesita unidad.
Admiten acción pública
El pasado 13 de marzo, el segundo tribunal de Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad que presentó el concejal de Quito Andrés Campaña, el 23 de febrero de este 2026, en contra de esta ley.
La denominada Ley de los GAD fue aprobada el 20 de febrero en la Asamblea Nacional, con 77 votos.
El concejal impugnó, por la forma y por el fondo, los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, así como las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esta norma.
Defensa de la normativa
Con la admisión de esta acción, la jueza constitucional Claudia Salgado dispuso a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Procuraduría General del Estado que, en el término de quince días, intervengan, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la normativa demandada.
La norma tiene como objetivo asegurar que los fondos públicos se concentren en cerrar brechas de servicios y no en el sostenimiento de estructuras administrativas.
Esta ley establece que el 70 % del presupuesto de los GAD deberá destinarse obligatoriamente a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento de obras.
En tanto que el 30 % restante se destinará al gasto corriente, es decir, al pago de sueldos de los funcionarios públicos de municipios y prefecturas. (I)
