GUAYAQUIL, Guayas
El Concejo Cantonal de Guayaquil avanza en el proceso de remoción del alcalde Aquiles Alvarez, en medio de posturas divididas entre la cautela política y la presión de cumplir estrictamente el marco legal vigente.
La Comisión de Mesa, integrada por los concejales Terry Álvarez, Arturo Escala y Ana Fuentes, inició el análisis de al menos tres solicitudes de remoción sustentadas principalmente en la ausencia injustificada del burgomaestre tras finalizar su licencia el pasado 26 de marzo. Este organismo verificará la validez de las denuncias y elaborará un informe que el pleno del Concejo deberá debatir.
El proceso se rige por el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, normativa que establece que la eventual remoción requiere el voto favorable de las dos terceras partes del cuerpo edilicio.
Actualmente, Álvarez permanece detenido en la Cárcel del Encuentro por investigaciones en los casos Triple A, Goleada y Grillete. En su ausencia, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió la administración municipal de forma temporal.
Cinthia García
Desde la oposición, la concejala Cinthia García insistió en que el proceso debe desarrollarse sin sesgos políticos y enfocado en la estabilidad institucional. Advirtió, además, que una eventual negativa a la remoción podría acarrear consecuencias legales para los ediles.
En la misma línea, Ana Chóez subrayó que la prolongada ausencia del alcalde genera incertidumbre administrativa y debilita la legitimidad institucional, por lo que el Concejo debe garantizar la gobernabilidad de la ciudad.
En contraste, concejales afines al oficialismo, como Nelly Pullas, pidieron respetar el debido proceso antes de anticipar posturas. “La decisión debe basarse en fundamentos claros y en el análisis del informe de la comisión”, sostuvo.
El escenario político refleja una correlación de fuerzas ajustada: de los 15 concejales, ocho pertenecen a la Revolución Ciudadana, mientras el resto se distribuye entre el Partido Social Cristiano y otras organizaciones. Esta composición podría influir en la votación final.
La Comisión de Mesa prevé emitir su informe en los próximos días. De aprobarse la remoción, el alcalde podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá diez días para pronunciarse, conforme lo establece la ley.
El proceso, que podría extenderse por al menos tres semanas, mantiene en vilo la estabilidad política y administrativa del Municipio de Guayaquil. (I)
