QUITO, Pichincha
La Fiscalía General del Estado solicitó el 14 de mayo de 2026 una sentencia condenatoria contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otros dos procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, dentro del caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 durante la emergencia sanitaria de 2020.
Durante su alegato final, el Ministerio Público sostuvo que los acusados integraron una estructura que operó entre marzo y agosto de 2020 y obtuvo beneficios económicos mediante la venta de 21.000 pruebas de detección de covid-19, además de otros insumos médicos distribuidos en distintas provincias del país.
La investigación fiscal determinó que la red utilizó vehículos, recursos estatales y agentes de tránsito de Quito para trasladar la mercadería hasta inmuebles vinculados al exmandatario. Según la teoría del caso, dos ciudadanos israelíes coordinaron la movilización de las pruebas y equipos médicos. Uno de ellos murió asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Bucaram
La Fiscalía también aseguró que en la vivienda de Bucaram almacenaron mascarillas, lancetas y otros artículos médicos adquiridos durante la pandemia. Además, presentó el testimonio anticipado de uno de los extranjeros involucrados, quien afirmó que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por los insumos.
Las indagaciones revelaron además que varios implicados se identificaban falsamente como miembros del cuerpo diplomático y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para facilitar sus desplazamientos y evitar controles.
El Ministerio Público señaló que los productos se comercializaban sin facturación ni pago de impuestos, mientras el país enfrentaba uno de los momentos más críticos de la crisis sanitaria por la covid-19.
En este proceso judicial declararon cerca de 50 testigos y peritos. El juicio arrancó el 11 de abril de 2025, tras múltiples diferimientos registrados desde 2022. El tribunal prevé emitir su resolución en los próximos días.
El delito de delincuencia organizada contempla penas de hasta 10 años de prisión, aunque la sanción podría agravarse dependiendo de las circunstancias determinadas por los jueces. (I)
