QUITO, Pichincha
La audiencia de formulación de cargos del denominado caso Apagón arrancó el 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia con graves revelaciones sobre presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre Celec y la empresa estadounidense Progen Industries LLC durante la crisis energética de 2024.
El fiscal subrogante Leonardo Alarcón sostuvo que una estructura integrada por funcionarios públicos y representantes privados provocó un perjuicio económico superior a USD 104 millones mediante contratos de emergencia destinados a mitigar los apagones que afectaron al país con cortes eléctricos de hasta 14 horas diarias.
Entre los 21 procesados figura el exministro de Energía Antonio Goncalves, además de exdirectivos de Celec y representantes de Progen. La Fiscalía los acusa de favorecer adjudicaciones irregulares, omitir controles técnicos y autorizar millonarios anticipos pese a múltiples incumplimientos contractuales.
Durante su exposición, Alarcón detalló que Celec firmó en agosto de 2024 dos contratos de emergencia: uno por USD 99,4 millones para la central Salitral y otro por USD 49,7 millones para Quevedo. Ambos contemplaban la adquisición de generadores eléctricos que debían operar desde noviembre de ese año.
Sin embargo, las pericias revelaron que los motores entregados eran usados, repintados, obsoletos y técnicamente incompatibles con las especificaciones ofertadas. La Contraloría detectó placas adulteradas, doble numeración y equipos fabricados en 2009 y 2019, pese a que el contrato exigía maquinaria modelo 2024 y sin uso previo.
Fiscalía
La Fiscalía también aseguró que solo llegaron 17 de los 20 generadores previstos para Quevedo y que varios equipos carecían de placas originales o mezclaban componentes de distintas marcas. Además, técnicos de la empresa fabricante Electro Motive Diesel (EMD) habrían advertido que los motores no podrían operar correctamente ni alcanzar la eficiencia requerida para sostener el sistema eléctrico nacional.
Uno de los momentos más delicados de la audiencia surgió cuando el fiscal reveló amenazas contra integrantes de la comisión técnica encargada de inspeccionar los equipos en Estados Unidos. Según la versión del exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, uno de los funcionarios recibió un mensaje intimidatorio que advertía: “Te ubicamos y a tu familia, te vamos a matar por los contratos torcidos y a los demás”.
La Fiscalía sostuvo que esas intimidaciones impidieron concluir el informe técnico definitivo sobre las inconsistencias detectadas durante las inspecciones realizadas en Houston y Florida en septiembre de 2024.
Además, Alarcón aseguró que Progen solicitó cambios contractuales para recibir pagos parciales del anticipo pese a los retrasos y fallas detectadas. Celec aceptó esas modificaciones mediante un contrato complementario firmado el 11 de enero de 2025, aun cuando ya existían multas millonarias y reportes de incumplimientos.
Ministerio Público
El Ministerio Público también expuso que el Estado transfirió USD 69,6 millones por el proyecto Salitral y USD 34,8 millones por Quevedo sin contar con verificaciones técnicas completas ni garantías suficientes.
Tras más de nueve horas de diligencia, el juez Marco Vinicio Rodríguez suspendió la audiencia debido a las restricciones de movilidad derivadas del toque de queda. La diligencia continuará este 15 de mayo desde las 08:30.
La Fiscalía considera que las omisiones de control, el direccionamiento contractual y la entrega irregular de fondos públicos configuran el delito de peculado, una infracción sancionada con penas de hasta 13 años de prisión en Ecuador. (I)
