QUITO, Pichincha
La asambleísta Camila León, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), norma que actualmente sanciona las expresiones consideradas de descrédito u ofensa contra funcionarios públicos.
La iniciativa ingresó el 15 de enero de 2026 mediante un documento de nueve páginas que contiene un solo artículo reformatorio, una disposición general y una final. La propuesta busca delimitar con mayor precisión el alcance del juzgamiento penal cuando existan críticas dirigidas a servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 396 del COIP regula las contravenciones de cuarta clase y establece penas de entre 15 y 30 días de privación de libertad. Entre las conductas sancionadas se incluye a quien, por cualquier medio o mediante tecnologías de la información y comunicación, emita expresiones en descrédito o deshonra.
La reforma plantea que el juzgador realice una verificación obligatoria para determinar si las expresiones cuestionadas corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trate de asuntos de interés público o críticas relacionadas con la gestión de autoridades.
Análisis judicial
El proyecto también dispone que el análisis judicial se sustente en estándares constitucionales e interamericanos, que reconocen una protección reforzada a la libertad de expresión en casos vinculados a la función pública. Para ello, la disposición general establece la aplicación de un test de proporcionalidad basado en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Camila León sostuvo que la reforma busca evitar sanciones penales desproporcionadas y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Afirmó que el objetivo consiste en impedir que periodistas y medios de comunicación enfrenten procesos penales por ejercer un derecho constitucional.
La legisladora también recordó que en el país se registraron afectaciones al periodismo y a la opinión ciudadana en administraciones anteriores, cuando procesos judiciales contra comunicadores generaron autocensura.
El proyecto deberá pasar primero por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Si obtiene calificación, continuará su trámite en una de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. (I)
