GUAYAQUIL, Guayas
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, ejecutó operativos simultáneos en Manabí, Pichincha, Los Ríos y Guayas como parte de una investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Durante los allanamientos, los agentes incautaron computadores, teléfonos móviles, documentación y dinero en efectivo, elementos que ahora forman parte de la cadena de custodia para sustentar el proceso investigativo.
La indagación previa inició en abril de 2025 y se desprende de una causa anterior relacionada con el presunto delito de asociación ilícita. Dentro del expediente figura como investigado un exjuez anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, lo que refuerza la relevancia del caso en el ámbito judicial.
El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones severas para este delito. La normativa fija penas de siete a 10 años de prisión cuando el incremento patrimonial ilícito supera los 400 salarios básicos unificados.
La legislación también contempla rangos diferenciados: si el aumento del patrimonio supera los 200 salarios básicos pero no alcanza los 400, la sanción oscila entre cinco y siete años de cárcel. En cambio, si el incremento no supera los 200 salarios básicos, la pena se reduce a un rango de tres a cinco años.
Además, la ley considera enriquecimiento ilícito no solo la acumulación de bienes o dinero, sino también la cancelación de deudas o la extinción de obligaciones sin justificación legal, lo que amplía el alcance de este tipo penal dentro del sistema judicial ecuatoriano. (I)
