QUITO, Pichincha
El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador tratará, entre el 4 y 10 de mayo, varios proyectos de ley clave en primer debate, enfocados en reformas judiciales, laborales y de control estatal.
Entre los temas centrales consta el proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, que busca acelerar los procesos administrativos y judiciales vinculados a la adopción, con énfasis en el principio del interés superior del niño. La iniciativa contempla 22 artículos, cinco disposiciones generales y una transitoria.
En la misma jornada, los legisladores analizarán el proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad en actos y contratos del Estado. Sin embargo, la Comisión de Régimen Económico recomendó archivar la propuesta al advertir que generaría conflictos institucionales en la Procuraduría General del Estado, al asumir funciones simultáneas de control previo y posterior.
Proyecto unificado
El Pleno también abordará el proyecto unificado que plantea declarar feriado nacional el 18 de noviembre de cada año, mediante reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código del Trabajo. La Comisión del Derecho al Trabajo concluyó que la propuesta carece de viabilidad actual y sugirió su archivo.
Para el martes 5 de mayo está prevista, además, la reinstalación de la sesión 24, en la que se desarrollará el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respaldado por la Comisión de Garantías Constitucionales.
En paralelo, las comisiones legislativas avanzarán en otros procesos. La Comisión de Transparencia aprobará el informe para primer debate del proyecto orientado a prevenir el reclutamiento de menores por grupos delictivos. Mientras, la Comisión de Desarrollo Económico iniciará comparecencias sobre una presunta red de corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad, que habría causado perjuicios superiores a USD 300 millones al Estado.
Las actividades reflejan una agenda legislativa marcada por reformas estructurales y procesos de fiscalización en áreas sensibles para la institucionalidad del país. (I)
