QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional del Ecuador prevé aprobar el martes 24 de marzo de 2026, en segundo debate, un proyecto de ley que introduce 40 reformas a la normativa de ordenamiento territorial y permite al presidente de la República declarar proyectos de vivienda como estratégicos a nivel nacional.
La iniciativa establece que el Ejecutivo, con base en un informe técnico del Ministerio de Infraestructura y Transporte, podrá otorgar esta categoría a planes habitacionales de interés social, siempre que cumplan con requisitos definidos en un reglamento. La medida busca agilizar la ejecución de obras y reducir el déficit habitacional en el país.
El pleno legislativo también analizará el miércoles 25 de marzo un proyecto urgente enviado por el Gobierno, que propone incentivos tributarios para quienes donen viviendas de interés social, con el fin de dinamizar la construcción y ampliar el acceso a soluciones habitacionales.
El asambleísta Cristian Benavides, vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que la reforma fortalece el rol del ente rector de ordenamiento territorial y le otorga mayor capacidad para exigir a los municipios el cumplimiento de los planes de uso de suelo. Además, subrayó que la normativa prioriza proyectos sociales y no desarrollos inmobiliarios con fines lucrativos.
La propuesta dispone que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos deberán garantizar la viabilidad de estos proyectos mediante la figura de “declaración responsable”, lo que permitirá iniciar obras sin trámites prolongados, aunque mantiene controles posteriores para verificar el cumplimiento de la ley.
El texto también precisa que las construcciones deberán respetar la planificación territorial vigente. En ese sentido, prohíbe levantar viviendas en zonas de riesgo o en áreas productivas destinadas a la soberanía alimentaria, con el objetivo de evitar afectaciones ambientales y económicas.
Derechos urbanísticos
En paralelo, las reformas incorporan disposiciones para proteger los derechos urbanísticos adquiridos. El Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo definirá los criterios para determinar cuándo un proyecto se considera consolidado y bajo qué condiciones se reconocen estos derechos. No obstante, la autoridad podrá suspender o anular permisos si detecta riesgos no mitigables, afectaciones a áreas protegidas o irregularidades en su obtención.
La normativa fija además un plazo máximo de 30 días para que los municipios resuelvan solicitudes de licencias urbanísticas. Si la autoridad no emite respuesta dentro de ese periodo, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial podrá habilitar la continuidad de proyectos de vivienda social, siempre que cumplan con los requisitos legales.
Con estas reformas, el Legislativo y el Ejecutivo buscan acelerar la construcción de vivienda de interés social, generar empleo y atender una de las principales demandas estructurales del país. (I)
