QUITO, Pichincha
La Asamblea Nacional resolvió el 20 de enero de 2026 iniciar un proceso de fiscalización a la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la adquisición de 60 trolebuses eléctricos durante su administración. La iniciativa partió de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), que cuestiona el mecanismo de contratación y el rol de un organismo internacional en la operación.
El asambleísta Xavier Ordóñez impulsó la moción tras conocer un informe de la Contraloría General del Estado que identifica un presunto perjuicio económico de USD 2,5 millones para el Municipio de Quito. El órgano de control advirtió que la Alcaldía no aplicó la subasta inversa electrónica, pese a tratarse de bienes normalizados, como recomendó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
UNOPS
En lugar de ese procedimiento, el Municipio ejecutó la compra mediante un esquema de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Para Ordóñez, este mecanismo “rodeó la ley y evitó controles”, al convertir a un organismo internacional en intermediario comercial pagado con recursos municipales.
La resolución aprobada ordena a la Comisión de Relaciones Internacionales realizar una fiscalización integral a las actuaciones del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas vinculadas a la contratación y gestión administrativa de los trolebuses. Además, dispone que la Secretaría de la Asamblea remita la decisión al Concejo Metropolitano de Quito, a la Alcaldía y a la Contraloría, para que adopten las acciones correspondientes dentro de sus competencias.
Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), el asambleísta Héctor Rodríguez rechazó la investigación y sostuvo que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. En su intervención, pidió que el Legislativo centre sus esfuerzos en otros casos, como los contratos con HealthBird, Progen o la situación del ministro de Trabajo, Harold Burbano.
Pese a esos cuestionamientos, el Pleno aprobó el inicio de la fiscalización con 79 votos de ADN y sus aliados. Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y algunos legisladores independientes votaron en contra. (I)
