QUITO, Pichincha
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el pasado viernes, 9 de octubre, el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos de Ecuador.
El documento fue aceptado con siete votos afirmativos, provenientes de legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) e independientes afines al oficialismo: Pablo Jurado, Carlos Vargas, Cristian Benavides, Samuel Célleri, Manuel Choro, Jennifer Guillén y Milton Aguas.
Por su parte, Sandra Figueroa, Xavier Lasso y Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana (RC), expresaron su rechazo al informe porque aseguraron que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar a las autoridades locales.
El análisis de los patrimonios
La mesa legislativa requirió información a distintas instituciones públicas y recibió documentación para analizar los patrimonios de 251 funcionarios.
Para explicar los resultados, la Comisión desarrolló un proceso de ‘semaforización’, con el que se clasificaron las alertas en rojo, naranja y verde, dependiendo del grado de irregularidades detectadas.
En el color rojo se ubicaron 41 expedientes, lo que significa que debe haber un tratamiento prioritario, ya que los asambleístas encontraron indicios penales. Mientras que 54 autoridades fueron catalogadas como naranja porque tienen investigaciones en curso. En total: 95.
Noventa autoridades en verde
En color verde hay 90 autoridades, en cuyos patrimonios no hay tantas diferencias entre su salario y su patrimonio, pero los legisladores recomiendan dar un seguimiento preventivo. Finalmente, 66 expedientes no tuvieron novedad alguna.
En la investigación no solo hay alcaldes y prefectos, sino también sus reemplazos y subrogantes.
La Comisión clasificó al informe como reservado para preservar el principio de inocencia, por lo cual se desconoce los nombres de los casos más graves.
Entre las recomendaciones del informe constan remitir los expedientes a la Fiscalía para evaluar las investigaciones correspondientes; solicitar a la UAFE análisis de inteligencia financiera y rastreo de activos; y requerir a la Contraloría General del Estado exámenes especiales para los casos clasificados en alerta roja y naranja, así como controles preventivos para los de alerta verde.
Además, se plantea solicitar al SRI verificaciones patrimoniales, revisar posibles casos de nepotismo en coordinación con el Ministerio del Trabajo e impulsar reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de corrupción y recuperación de activos de origen ilícito.
El documento también sugiere a las entidades antes mencionadas que comuniquen, en un plazo de 15 días, sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos relacionados con los servidores públicos incluidos en el informe. (I)
