QUITO, Pichincha
El proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que viabiliza el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para contribuir al combate a la delincuencia y la inseguridad fue debatido en primera instancia por el Pleno de la Asamblea Nacional.
La ponente del informe, la asambleísta Isabel Enrríquez, presidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, resaltó que la mesa legislativa modificó el texto del Ejecutivo, de modo que la participación de las Fuerzas Armadas pueda darse frente a delitos ligados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, armas y delitos conexos.
Explicó que para ello se deberá cumplir tres pasos: una solicitud del Comandante de Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado; un informe motivado del Consejo; y, un decreto emitido por el Presidente de la República.
Informe de comisión
En el debate, que se realizó sobre la base del informe preparado por la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, los asambleístas coincidieron en que el país necesita urgentes medidas para combatir los altos índices de inseguridad.
También se advirtió la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en garantizar la seguridad pública y del Estado con la dotación de los insumos y materiales necesarios para el trabajo de la Policía Nacional y puede disponer el apoyo de Fuerzas Armadas, sin necesidad de una reforma o enmienda, solo con decisión política.
Nathalie Arias expresó que la incorporación del Consejo de Seguridad Pública reduce las posibilidades que se produzcan hechos como el 30S y que la propuesta de reforma no debe desnaturalizar el rol histórico de FFAA.
Fortalecer a la Policía Nacional
Mientras que Ramiro Narváez planteó fortalecer a la Policía Nacional, darle insumos y especializarla. “No pretendamos darles funciones policiales a los militares, la solución no está en la reforma, se necesita el liderazgo del Ejecutivo; voluntad política; presupuesto para las instituciones vinculadas con seguridad; la construcción urgente de la política criminal para prevenir y combatir el delito; depurar y fortalecer a las instituciones de un modelo de justicia adecuado”, enfatizó.
También dieron sus opiniones y observaciones los legisladores Byron Maldonado; Joel Abad; Nathalie Viteri; Blanca Sacancela; Patricia Sánchez; y, Yessica Castillo quienes expusieron que no hay que negarle a la ciudadanía seguridad y protección.
Criterios constitucionales
Para la elaboración del informe, la comisión contó con los criterios de constitucionalistas, juristas, expertos en seguridad, organizaciones sociales, académicos de las universidades públicas y privadas en materia penal y derechos humanos, entre otros.
Al cierre del debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispuso que el proyecto regrese a la comisión para que recoja las observaciones y propuestas y sean analizadas dentro de la construcción del informe para segundo debate. (I)
