QUITO, Pichincha
Por unanimidad, el domingo 29 de diciembre de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió interrumpir el juicio político planteado contra Fernando Muñoz, juez electoral del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esta medida responde a la normativa que prohíbe procesar políticamente a autoridades electorales durante un período electoral, como lo confirmó un informe técnico avalado por la Procuraduría General del Estado (PGE).
Fernando Muñoz, quien ha tomado decisiones controversiales, como la destitución del exalcalde de Quito Jorge Yunda, enfrenta acusaciones de supuesto manejo irregular en dicho caso. Este pedido, liderado por Roberto Cuero, asambleísta de la Revolución Ciudadana, también cuestiona otras resoluciones de Muñoz, incluida la destitución de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Actualmente, el país se encuentra inmerso en el período electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 9 de febrero de 2025, lo que otorga una especie de inmunidad a los funcionarios del ámbito electoral.
Por ello, los nueve integrantes de la Comisión respaldaron suspender el proceso hasta que el contexto legal permita su reanudación. ¿Es adecuado que las leyes protejan a funcionarios electorales en medio de períodos críticos para la democracia, incluso cuando enfrentan graves acusaciones? Si bien la norma busca garantizar la transparencia del proceso electoral, ¿podría esta inmunidad propiciar impunidad en casos sensibles? (I)
