SAN CRISTÓBAL, Galápagos
Luego de ocho meses de investigación y con el apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigation (HSI), ayer jueves se ejecutó el operativo denominado “Impacto 513” que permitió la captura de Luis Bartolomé V. V., un funcionario público del área de salud involucrado en presuntos delitos de carácter sexual contra menores de edad.
La Unidad Nacional de Ciberdelitos realizó el allanamiento al domicilio del sospechoso, ubicado en la isla San Cristóbal, en Galápagos. En el lugar los agentes encontraron varias evidencias en contra del hombre de 51 años de edad, que determinarían su participación en dos tipos delictivos: pornografía infantil y contacto con finalidad sexual con menores de 18 años, a través de medios electrónicos.
Y es que dentro de la vivienda del sospechoso se incautaron varios dispositivos: una laptop, un disco duro interno, dos terminales móviles y tres memory flash, que servían para el almacenamiento de fotografías y videos que involucran a niños y adolescentes, por lo que ahora son parte de las pruebas contra el acusado.
Modus operandi
La red social que empleaba Luis Bartolomé V. V. era Facebook, y a través de la herramienta de mensajería (Messenger) de esta plataforma él mantenía contacto con sus víctimas. Su objetivo era consumar actos sexuales, así como también solicitarles fotografías y vídeos de tipo pornográfico.
El teniente coronel Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía, detalló que el ciudadano utilizaba engaños, intimidaciones, e inclusive regalos y transferencias bancarias para atrapar a los menores de edad.
Además, una de las víctimas es parte de su núcleo familiar. Se trata de una joven de unos 16 años de edad, que es hija de la hermana de la esposa del victimario.
Dentro de algunos de los mensajes que han servido para esta investigación, se logró descubrir que «abuelito» era el término que utilizaba una de las menores para referirse a él.
En horas de la tarde de este jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde se dictó prisión preventiva contra el ciudadano y se dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.
El hombre, que posee un proceso judicial activo en el año 2019 por el delito de peculado, ha sido trasladado a la zona de aseguramiento temporal de la isla San Cristóbal. (I)
