QUITO, Pichincha
El juez anticorrupción Jairo García volvió a dictar prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez.
García también dispuso la detención preventiva para César Bravo y Fernando Peñaherrera, todos procesados por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Goleada.
Antonio y Xavier Álvarez, así como Bravo y Peñaherrera, salieron de prisión el 2 de abril de 2026, luego de que un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva que pesaba sobre ellos.
La decisión también alcanzó al alcalde de Guayaquil, pero permaneció recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a que sobre él ya recaían otras dos órdenes de prisión preventiva: una por el caso Triple A y otra por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
No obstante, este 6 de julio, el magistrado concluyó que las medidas cautelares que regían en el caso Goleada habían dejado de ser idóneas, por lo que resolvió volver a imponer la prisión preventiva para los cinco procesados.
Juez ordena incautar casa
Como parte de la resolución, el juez también ordenó la incautación de la vivienda donde residían Aquiles Álvarez y su familia. Concedió un plazo de 15 días para que la esposa del alcalde, Fiorella Ycaza, y sus tres hijos desalojen el inmueble, ubicado en la urbanización Blue Bay de la Isla Mocolí, una urbanización exclusiva del cantón Samborondón, en la provincia del Guayas.
El pasado 12 de junio, funcionarios de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, acompañados de policías, intentaron incautar el inmueble.
Los defensores del alcalde de Guayaquil explicaron que esa medida no pudo ser ejecutada porque, además de faltar una orden de desalojo, estaba pendiente la audiencia de revisión de medidas sobre esa disposición judicial.
¿Qué es el caso Goleada?
El caso Goleada comenzó el 11 de febrero, cuando la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada, tras la detención de los tres hermanos Álvarez y otras ocho personas.
Posteriormente, el 27 de marzo, fue vinculado al proceso el asambleísta Raúl Chávez, de la organización política RETO, señalado además como comisionista de las empresas de la familia Álvarez.
El 14 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por el presunto delito de lavado de activos, acogiendo el criterio del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Dos semanas después, el 29 de mayo, se produjo una segunda vinculación que incorporó al proceso a la esposa y la madre del alcalde, dos de sus primos, la contadora de las empresas y nueve personas jurídicas. (I)
