GUAYAQUIL, Guayas
La excandidata presidencial Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre recibieron prisión preventiva en el marco del caso Laberinto, que investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento del proceso electoral de 2023 de la Lista 5. Según la investigación, los recursos habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Tras dificultades técnicas durante la instalación de la audiencia de formulación de cargos, las autoridades judiciales retomaron la diligencia cerca de la medianoche del jueves. Alrededor de las 12:00 de este viernes 23 de octubre, la Fiscalía anunció la decisión judicial.
Además de González, excandidata presidencial por el correísmo, entre los procesados figuran el exasambleísta Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre.
Esta última, secretaria del movimiento RETO (Lista 33), se entregó voluntariamente a las autoridades en Guayas, horas después de que se conociera la investigación.
Según la Fiscalía, la prisión preventiva se solicitó únicamente para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, mientras que Estefanía Molina recibió medidas sustitutivas.
El Ministerio Público señaló que Molina tiene a su cuidado a un hijo cuya condición de salud requiere de su presencia. Por este motivo, se le impusieron presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un grillete electrónico.
El caso Laberinto
El 22 de octubre, la Fiscalía informó que González y los demás procesados fueron detenidos durante un operativo realizado en Manabí y Pichincha. La investigación involucra a al menos seis personas, cuatro de las cuales, incluida la excandidata, debían enfrentar una audiencia de formulación de cargos.
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«La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023 (…), donde se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000», señaló la Fiscalía.
Por medio de la cuenta de X de González se difundió un comunicado en el que la excandidata expuso su postura frente a la investigación.
En el mensaje, calificó de «absurda» la acusación por presunto lavado de activos y sostuvo que su detención constituye un «ataque a las libertades y persecución política».
En respuesta, el Gobierno, a través de José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y portavoz de la Presidencia, señaló que la investigación de la Fiscalía apunta a un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.
Según los expedientes, el Ministerio Público indaga el presunto ingreso de fondos no declarados en las cuentas oficiales de la campaña. (I)
