GUAYAQUIL, Guayas
Después de 69 días de instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la vinculación de 10 personas más al caso Triple A. Entre los nuevos procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a empresarios y contadores relacionados con el sector de combustibles.
El 21 de febrero de 2025, a las 21:17, el fiscal Carlos Alarcón, encargado de la investigación, solicitó al juez Jairo García que fije fecha y hora para formalizar la vinculación de los nuevos implicados. García otorgó 48 horas al Ministerio Público para determinar si alguno de ellos posee fuero de corte, lo que implicaría que su proceso deba tramitarse en instancias superiores.
Vinculación del alcalde Aquiles Alvarez
El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece que los alcaldes deben ser procesados en la Corte Provincial correspondiente, en este caso, la del Guayas. Sin embargo, esta condición aplica únicamente si el presunto delito está vinculado con su función pública, lo que no ocurre en esta investigación.
Alvarez enfrenta la investigación no como alcalde, sino por su rol previo como gerente de Copedesa y presidente de CorpAlubri y Ternape Petroleum, compañías bajo la lupa de la Fiscalía. Por ello, su caso continuará en la Unidad Judicial Anticorrupción de primer nivel.
El alcalde rechazó la vinculación y calificó el proceso como una persecución política. «No hay elementos en mi contra, esto es persecución pura y está demostrado en el expediente», declaró.
Empresarios y contadores en la mira
Junto con Alvarez, la Fiscalía incluyó a cuatro contadores y cinco empresarios del sector de combustibles. Desde el inicio del caso, ya habían sido procesadas tres personas con esta misma profesión, presuntamente por manejar las cuentas de las compañías investigadas y conocer sobre las supuestas irregularidades.
En cuanto a los empresarios, la Superintendencia de Compañías registró que varios de ellos son dueños de estaciones de servicio. La Fiscalía sostiene que Copedesa, vinculada a Alvarez, vendió combustible a estas gasolineras de manera irregular.
Uno de los casos relevantes es el de Raúl Arnaldo Zambrano Orellana, propietario de una gasolinera en Zamora Chinchipe. Según la Fiscalía, su estación tenía capacidad para almacenar 10.000 galones, pero recibió más de 7 millones de galones de diésel de Copedesa.
Otro empresario señalado es Édgar Moisés Flores Torres, dueño de una gasolinera en Santa Rosa, El Oro. La Fiscalía indica que entre enero y septiembre de 2024, su estación recibió 153.400 galones de diésel prémium con facturación por USD 326.400, aunque la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) solo registra pagos por USD 106.920.
Caso Triple A
El caso surgió en julio de 2024 tras una denuncia de Nicole Bermúdez, coordinadora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC) en Guayas. Bermúdez alertó sobre inconsistencias en el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el facturado en distintas estaciones de servicio, lo que fue respaldado por un informe del SRI de junio de 2024.
Las investigaciones revelaron que varias empresas habrían vendido diésel subsidiado a gasolineras en zonas fronterizas con alta actividad minera, desviando el combustible a mercados no autorizados. Esta práctica constituye el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Inicialmente, cinco personas y cinco empresas fueron procesadas. Ahora, la Fiscalía amplía el caso con la vinculación del alcalde Aquiles Alvarez y otros nueve involucrados. Sin embargo, la defensa del alcalde insiste en que este proceso tiene motivaciones políticas. (I)
