QUITO, Pichincha
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió el lunes 26 de enero las observaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
Delegados del CNI, entidad adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y responsable del sistema de investigación e información del Estado, expusieron la necesidad de afinar varios aspectos del texto legal para evitar interpretaciones ambiguas. Pablo Fonseca Cisneros, en representación del organismo, señaló que la normativa debe precisar con claridad los escenarios en los que las Fuerzas Armadas intervendrán en el control del sistema penitenciario.
Fonseca enfatizó que la ley debe definir de manera concreta qué se entiende por “grave conmoción interna”, condición bajo la cual se activaría el apoyo militar en los centros de privación de libertad, a fin de impedir lecturas discrecionales de la norma.
Además, el CNI propuso ampliar el listado de sujetos obligados dentro del ámbito de aplicación de la ley. Entre las entidades que deberían incorporarse mencionó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), al Ministerio de Gobierno y al Ministerio del Interior, instituciones que mantienen una relación directa con la seguridad pública.
Análisis al informe de Fiscalía
Durante la misma sesión, la Comisión avocó conocimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que le asigna el análisis del informe de labores presentado por la Fiscalía General del Estado, correspondiente al período enero-diciembre de 2025.
La asambleísta Inés Alarcón Bueno, presidenta de la Comisión, dispuso que la Secretaría convoque al fiscal general encargado, Carlos Alarcón, para que amplíe y detalle las acciones administrativas y procesales ejecutadas por la institución durante el último año.
Con estas actuaciones, la Comisión avanza en el debate de una normativa clave para la política de seguridad y en el control político a las instituciones del sistema de justicia. (I)
