GUAYAQUIL, Guayas
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional escuchó el martes 05 de agosto de 2025, los testimonios de comerciantes del centro de Guayaquil, quienes reclamaron atención urgente frente al deterioro de la seguridad en el sector conocido como la Bahía. Entre los participantes estuvieron representantes de la Asociación 4 de Diciembre, del Distrito 9 de Octubre, que agrupa a decenas de emprendedores afectados por la criminalidad.
Eliecer Sala, dirigente de dicha asociación, relató el ambiente de zozobra que se vive en esta zona comercial, frecuentada diariamente por miles de personas. Denunció que la ausencia de patrullaje y la creciente violencia han generado temor entre vendedores y clientes.
Lucía Peña, comerciante del sector, sostuvo que las ventas cayeron un 70 % desde la pandemia y que la falta de seguridad ha impedido una verdadera reactivación económica. Señaló que en las 16 cuadras que comprende la Bahía se reportan asaltos a diario, y que muchos vendedores ambulantes se han visto obligados a cerrar sus puestos.
Ermo Chamba
Otro comerciante, Ermo Chamba, confirmó que numerosos emprendedores han abandonado sus negocios debido a extorsiones y amenazas. “Queremos trabajar en paz, no vivir con miedo”, exigió ante los legisladores.
Durante la comparecencia, una ciudadana alertó que tres asaltos ocurrieron en apenas dos días en su zona. La falta de presencia policial fue una constante en los reclamos. “¿Cómo puede un solo policía cubrir varias cuadras?”, cuestionaron los asistentes, quienes exigieron al Estado que cumpla su rol de proteger la vida y el trabajo.
Los asambleístas ofrecieron iniciar procesos de fiscalización sobre la situación en la Bahía y otras zonas comerciales del país, y coincidieron en que el Estado debe reforzar su respuesta frente al incremento de sicariatos, extorsiones y robos.
En otro punto de la sesión, la Comisión analizó documentos enviados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre la entrega de bonos sociales. También revisaron información remitida por los ministerios de Transporte y Obras Públicas, y de Agricultura, relacionada con la ejecución de proyectos en sus respectivas áreas. (I)
