QUITO, Pichincha
La Comisión Calificadora de la Asamblea Nacional inició el análisis de la iniciativa popular presentada por la Red de Acción Canábica del Ecuador (Redcan), que busca regular la producción, comercialización y consumo del cannabis en el país.
El legislador Milton Aguas, presidente de la sesión, explicó que la Secretaría General de la Asamblea remitió el proyecto a los miembros de la comisión —Aguas, Jhajaira Urresta y Eliana Correa— el pasado 3 de septiembre, cumpliendo con los artículos 103 de la Constitución y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que establecen el procedimiento para tramitar iniciativas populares normativas.
El procurador común de Redcan, Cristian Albuja, sostuvo que la propuesta responde a una demanda ciudadana y promueve libertad, desarrollo económico y protección ambiental. Por su parte, Daniela Onofre, vocera de la organización, presentó los principales lineamientos, que incluyen:
- Regulación de toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la manufactura de productos para consumo humano y animal.
- Autorización de uso medicinal y adulto, supervisado por médicos especializados.
- Implementación de espacios seguros de consumo y programas de reducción de daños y prevención del consumo temprano.
Onofre
Onofre resaltó que un mercado legal y controlado cortaría el financiamiento a organizaciones criminales, generaría empleo, diversificaría la economía, atraer inversión y aumentaría ingresos fiscales destinados a programas sociales.
La vocera presentó ejemplos internacionales de recaudación en mercados regulados: Canadá, USD 16.000 millones; Uruguay, USD 22 millones; Colombia, USD 26,5 millones; Colorado (EE.UU.), USD 2.059 millones, entre 2023 y 2024. Destacó que la regulación garantiza datos confiables y control estatal, mientras que la ilegalidad favorece a mafias que venden incluso a menores de edad.
El delegado de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), Paúl Gutiérrez, informó que el 2 de septiembre se entregó un informe técnico-jurídico no vinculante, con observaciones sobre requisitos legales, unidad de materia y estimaciones de impacto económico y presupuestario.
El asambleísta Aguas indicó que, si se detectan inconsistencias, la comisión notificará a los proponentes y les dará 30 días para subsanarlas, evitando posibles inconstitucionalidades. Por su parte, la asambleísta Urresta puntualizó que el análisis se centrará solo en la forma, sin evaluar el contenido de fondo, garantizando el respeto al debido proceso legislativo. (I)
