QUITO, Pichincha
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el pasado martes 17 de febrero de 2026 el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La mesa dio luz verde al documento con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, en una sesión virtual que evidenció la división política sobre el alcance de la reforma.
El proyecto, enviado con carácter urgente por el presidente Daniel Noboa, busca imponer límites al gasto corriente de municipios y prefecturas y fortalecer la inversión en obra pública. Ahora, el titular del Legislativo, Niels Olsen, deberá convocar al Pleno para el debate definitivo, donde los 137 legisladores decidirán si aprueban o archivan la propuesta.
Regla 70/30 con aplicación progresiva
El informe ratifica la regla que obliga a los GAD a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y un máximo del 30 % a gasto corriente. Sin embargo, la comisión introdujo un ajuste clave: los municipios y prefecturas aplicarán la meta de manera gradual hasta 2028.
El texto inicial planteaba una aplicación más inmediata, lo que generó cuestionamientos de alcaldes y prefectos que advirtieron sobre el impacto en nómina y servicios básicos. Con el nuevo cronograma, las administraciones locales dispondrán de un período de transición para reorganizar sus finanzas.
Choque político: eficiencia versus autonomía
Los legisladores del bloque oficialista defendieron la iniciativa bajo el argumento de ordenar las finanzas territoriales y frenar el uso ineficiente de recursos públicos. Citando hallazgos de la Contraloría General del Estado, sostuvieron que varios municipios registran observaciones graves e indicios de responsabilidad penal.
Según datos expuestos ante la comisión, en la provincia de El Oro se analizaron 18 informes generales y se detectaron 26 indicios de responsabilidad penal. Pichincha registró 17 y Guayas, 8. Para la mayoría legislativa, estas cifras evidencian debilidades en el manejo presupuestario y justifican mayores controles.
Desde la oposición, encabezada por la Revolución Ciudadana, los asambleístas calificaron la norma como inconstitucional y alertaron que vulnera la autonomía de los GAD. Argumentaron que el Estado mantiene deudas pendientes con municipios y prefecturas y que exigir mayores porcentajes de inversión sin transferencias completas podría afectar servicios sociales y programas comunitarios.
Mayor control desde Finanzas
El informe contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas realice un seguimiento trimestral del cumplimiento de la regla fiscal. La cartera deberá verificar la ejecución presupuestaria y emitir alertas en caso de incumplimientos.
Con el aval de la comisión, el proyecto entra en su fase decisiva. El Pleno de la Asamblea definirá en los próximos días si convierte en ley la reforma que reconfigura el esquema de gasto municipal en Ecuador o si devuelve el texto al archivo legislativo. (I)
