QUITO, Pichincha
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional inició el análisis de presuntas irregularidades académicas y laborales en la Universidad Central del Ecuador, tras recibir denuncias relacionadas con manipulación de notas, obligaciones patronales y vulneración de derechos estudiantiles.
Durante la sesión, la vicerrectora académica, Julia Logroño, defendió su gestión y negó cualquier vinculación con la supuesta alteración de calificaciones en la Facultad de Medicina. Aseguró que una comisión interna descartó responsabilidad administrativa y atribuyó los cambios a accesos individuales dentro del sistema informático institucional. En la misma línea, el procurador universitario, Walter Enríquez, sostuvo que las claves de registro académico son personales e intransferibles.
Frente a estos hechos, la Contraloría General del Estado confirmó que ejecuta una verificación preliminar desde febrero de 2026 y anunció una auditoría forense a partir de junio. Paralelamente, el Consejo de Educación Superior continúa recopilando información para determinar posibles responsabilidades institucionales, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación previa a través de su unidad de ciberdelitos.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
En el ámbito laboral, las autoridades universitarias reconocieron obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aunque aclararon que estas corresponden a administraciones anteriores. Indicaron que la normativa vigente impide cubrir esas deudas con recursos públicos actuales, por lo que impulsan acciones legales para establecer responsabilidades, al tiempo que aseguraron que los aportes vigentes se encuentran al día.
La Comisión también abordó el caso de Hugo Javier Ruales, exestudiante de posgrado en Odontología, quien denunció la presunta vulneración de sus derechos tras retirarse por una enfermedad grave sin recibir respuesta institucional ni la devolución de los valores cancelados. Las autoridades de la facultad expusieron sus argumentos en torno al proceso.
El organismo legislativo anunció que continuará con la fiscalización para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar transparencia en la gestión universitaria, en un caso que pone bajo escrutinio a una de las principales instituciones de educación superior del país. (I)
