QUITO, Pichincha
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó el lunes 2 de febrero de 2026 el proyecto de ley urgente en materia económica sobre minería que el presidente Daniel Noboa envió la semana pasada a la Asamblea Nacional.
La organización indígena advirtió que la propuesta debilita los controles ambientales y pone en riesgo los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.
En un comunicado público, la Conaie señaló que la iniciativa del Ejecutivo prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
A criterio de la CONAIE, el texto legal reduce la consulta a un trámite formal y no asegura procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo de las comunidades afectadas.
La organización también cuestionó la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, al considerar que esta medida flexibiliza de forma peligrosa los controles estatales.
Según la Conaie, esta disposición limita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles y expone a ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, fundamentales para la soberanía hídrica y alimentaria del país.
Además, el movimiento indígena sostuvo que el proyecto refuerza un modelo de dependencia extractivista que, lejos de resolver los problemas estructurales del desarrollo, ha profundizado la desigualdad social y la criminalización de la defensa territorial.
En ese contexto, alertó que la aprobación de la ley podría incrementar la conflictividad social en los territorios donde se desarrollan actividades mineras.
Llamado a la unidad
Ante este escenario, la Conaie llamó a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y exhortó a la bancada de Pachakutik y a otros asambleístas a rechazar la iniciativa. También pidió abrir un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el proyecto busca fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal. La propuesta fue enviada con carácter de urgencia en materia económica, lo que obliga a la Asamblea a pronunciarse en un plazo máximo de 30 días. (I)
