QUITO, Pichincha
Un informe de la Contraloría General del Estado reveló un perjuicio económico de USD 2,55 millones en el proceso de adquisición de 60 trolebuses eléctricos para la capital, lo que coloca nuevamente bajo presión al alcalde Pabel Muñoz y a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ).
El examen especial, que evaluó el período comprendido entre agosto de 2022 y abril de 2025, revisó la fase precontractual, la negociación y la ejecución del Memorándum de Acuerdo entre la EPMTPQ y la UNOPS como parte del proyecto municipal de “Movilidad Sostenible”. En total, la Contraloría analizó USD 34,85 millones, de los cuales USD 32,3 millones corresponden a la compra de los trolebuses y el resto a costos indirectos e implementación.
Señalamientos clave del informe
El organismo de control concluyó que los USD 2,55 millones observados derivan de pagos efectuados a UNOPS sin respaldo técnico, financiero ni jurídico suficiente, lo que —según el reporte— vulneró principios de legalidad y transparencia. La Contraloría también determinó que la modalidad de contratación empleada no cumplió con los lineamientos del Sercop, que había recomendado una subasta inversa electrónica al tratarse de bienes normalizados.
A pesar de esa directriz, la municipalidad avanzó con un mecanismo de intervención internacional mediante UNOPS sin sustentar esa decisión. El informe aclara que el Memorándum firmado por el alcalde Muñoz no configuró cooperación internacional, pues no existió financiamiento externo. De hecho, todo el proyecto se ejecutó con recursos municipales, salvo un aporte de USD 50.000 de UNOPS destinado a costos indirectos.
El examen también cuestiona que el Directorio de la EPMTPQ no solicitara informes adicionales pese a conocer que la compra se realizó a través de la agencia internacional. Además, señala que el gerente de la entidad no supervisó adecuadamente las mesas técnicas responsables de definir los costos, lo que —según el organismo— terminó generando el perjuicio millonario.
Reacciones y responsabilidades
La Contraloría dispuso recomendaciones de cumplimiento obligatorio, entre ellas conformar una Comisión Técnica para futuros procesos, revisar la liquidación contractual y corregir las observaciones sobre especificaciones técnicas.
El concejal Andrés Campaña afirmó que los hallazgos confirman las alertas que él presentó desde 2024 sobre posibles irregularidades en la Empresa de Pasajeros y el Metro de Quito. Aseguró que los exámenes difundidos en estas semanas “demuestran que no se trató de denuncias coyunturales”, ya que evidencian incumplimientos que podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
A solo una semana del informe relacionado con el Metro, este nuevo reporte profundiza las críticas a la administración municipal y marca otro capítulo de tensión alrededor de la gestión de movilidad en Quito. (I)
