QUITO, Pichincha
La Contraloría General del Estado restringió el acceso a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos, tras la entrada en vigencia de una reforma que condiciona la consulta a la validación de identidad del ciudadano solicitante.
Desde el 20 de abril de 2026, el sistema dejó de permitir el acceso libre a esta información. Ahora, quienes deseen consultar los documentos deben ingresar datos personales como número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico y completar un código de verificación enviado a su email.
Sin embargo, tras cumplir con estos requisitos, el sistema no entrega información completa. En lugar de ello, muestra documentos con datos casi ilegibles, cubiertos por marcas que replican la información del solicitante. Además, bloquea el desglose detallado de bienes, cuentas, activos y pasivos, lo que impide conocer la situación patrimonial real de los funcionarios.
La reforma también eliminó la opción de descarga de los archivos, limitando la revisión únicamente a la visualización en línea bajo estas condiciones restringidas.
La entidad justificó la medida al señalar que detectó un alto número de conexiones externas que afectaron el rendimiento de la plataforma. Argumentó, además, que busca evitar la divulgación de datos sensibles que puedan comprometer la seguridad o la intimidad personal de los declarantes.
No es la primera vez que la Contraloría aplica restricciones de este tipo. En 2021, bajo la administración de Pablo Celi, la institución implementó medidas similares que obligaban a los usuarios a identificarse y recibían documentos incompletos, decisión que fue revertida tras críticas ciudadanas.
La nueva disposición reabre el debate sobre el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión estatal, en un contexto donde el control social depende en gran medida de la disponibilidad de estos datos. (I)
