QUITO, Pichincha
La disputa política entre Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) escaló el 17 de diciembre de 2025 en la Asamblea Nacional, tras el fallido acuerdo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la startup estadounidense HealthBird. Mientras el correísmo anunció acciones judiciales para acceder al contrato, el bloque oficialista acusó a la oposición de montar un show mediático y defendió que la investigación corresponde a la Contraloría General del Estado.
La bancada correísta busca conocer los detalles del entendimiento que HealthBird promovía para diseñar un sistema de gestión del IESS. Para ello, solicitó información a CNT, el Sercop, el IESS y el SRI. Sin embargo, la asambleísta Viviana Veloz denunció que las entidades incumplieron los plazos legales para responder, establecidos en el artículo 75 de la Ley de la Función Legislativa.
José Julio Neira
Veloz cuestionó además la negativa de José Julio Neira, cercano al presidente Daniel Noboa, a entregar documentación. “¿Qué esconden?”, preguntó la legisladora, quien también señaló que David Urquizo, exgerente de HealthBird en Ecuador, trabajó previamente en la Asamblea antes de la disolución del Legislativo en 2023.
CNT alegó confidencialidad para negar la entrega del contrato. En una respuesta oficial del 2 de octubre, la empresa pública sostuvo que los documentos contienen cláusulas de reserva para proteger el know-how, la propiedad intelectual y la información estratégica. Una resolución interna, emitida el 2 de septiembre de 2025, declaró esa confidencialidad por 15 años.
Ante este escenario, Veloz anunció que presentará una acción de acceso a la información pública para que un juez ordene la entrega de los documentos. También adelantó que impulsará en el Pleno una solicitud para levantar la confidencialidad, amparada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite a la Asamblea desclasificar información con 101 votos, en sesión reservada.
El correísmo sostiene que CNT habría transferido USD 220.000 a HealthBird como parte del acuerdo. El Gobierno rechaza esa versión y afirma que no se desembolsó ningún recurso público.
Desde ADN, el asambleísta Andrés Castillo minimizó los anuncios de la oposición. “Que pidan nomás. Son hábiles para manejar el show mediático”, declaró. El legislador insistió en que no existe contrato y que la fiscalización administrativa compete exclusivamente a la Contraloría, que ya ejecuta una verificación preliminar.
Castillo reconoció, no obstante, un pago superior a USD 100.000 por el uso de un software de agendamiento de citas, el cual —según dijo— ya opera en manos del Estado, lo que demostraría una contraprestación efectiva.
La controversia mantiene el pulso político en la Asamblea y traslada el debate a la justicia y a los órganos de control, en medio de versiones contrapuestas sobre el alcance real del acuerdo CNT–HealthBird. (I)
