QUITO, Pichincha
La Corte Constitucional del Ecuador validó una de las cuatro propuestas de enmienda presentadas por el presidente Daniel Noboa y dio luz verde a dos iniciativas impulsadas por el expresidente Lucio Gutiérrez.
El dictamen, aprobado por el Pleno el 22 de enero de 2026 y publicado este 3 de marzo, autoriza que avance por la vía de enmienda la propuesta de Noboa para trasladar a la Asamblea Nacional la atribución de designar autoridades actualmente a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), además de establecer nuevos procedimientos de designación.
Con esta resolución, el Ejecutivo podrá continuar el trámite que desembocaría en una consulta popular. Sin embargo, la Corte aún debe analizar el contenido de fondo de la propuesta y emitir un nuevo dictamen antes de que el proceso llegue a las urnas.
Tres iniciativas de Noboa quedan fuera
El máximo órgano de control constitucional descartó otros tres planteamientos del mandatario. La Corte negó que se tramite como enmienda la creación de un registro de personas condenadas por delitos sexuales, al considerar que la medida restringe derechos.
Tampoco permitió que avance la propuesta para exigir mayoría calificada en la Corte al momento de declarar la inconstitucionalidad de decretos de estado de excepción, leyes y consultas populares de iniciativa presidencial, al estimar que altera la estructura fundamental del Estado.
Además, rechazó incorporar los delitos de extorsión, robo y receptación en el artículo 81 de la Constitución, que regula procedimientos especiales para juzgar delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. Según el organismo, esa inclusión no guarda relación con la protección reforzada prevista en ese artículo.
Gutiérrez logra dos avales
En el caso de Gutiérrez, la Corte autorizó tramitar por enmienda la propuesta que establece que los movimientos políticos tengan carácter exclusivamente nacional y cuenten con organización en al menos el 50% de las provincias del país.
También dio paso a la iniciativa que plantea reducir el número de asambleístas mediante el ajuste del cálculo poblacional requerido para asignar escaños adicionales.
En cambio, el tribunal negó que se tramite por esta vía la eliminación de circunscripciones especiales, el aumento de la edad mínima para ser legislador a 25 años, la creación de nuevas prohibiciones para candidatos a la Asamblea y la eliminación de la suspensión de derechos políticos para personas con sentencia penal.
Con estos dictámenes, la Corte delimita el alcance de las reformas constitucionales y marca la hoja de ruta para eventuales consultas populares en un escenario político que vuelve a tensionar el debate sobre la estructura institucional del Estado. (I)
