MACHALA, El Oro
Una investigación de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) derivó en la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, su esposa Carmen Chávez y Andrea Icaza, amiga cercana de la pareja, informó este 6 de julio de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.
En una rueda de prensa, Reimberg dijo que varias empresas fantasmas han sido utilizadas para el movimiento de dinero. En una de ellas Macas tenía el 90% de acciones.
Esta empresa ofrecía servicios al Municipio de Machala y las oficinas estaban a frente a la casa del Alcalde, dijo el ministro.
Según la investigación, iniciada en junio de 2026 por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se presume que el Alcalde de Machala y su esposa habrían incrementado, de forma injustificada, su patrimonio en aproximadamente 6 millones de dólares, entre 2019 y 2025.
Las investigaciones también determinarían que algunas de estas compañías no desarrollarían actividades reales y habrían sido utilizadas para encubrir el origen de los recursos.
Durante los allanamientos se levantaron indicios como teléfonos, documentación, registros financieros y dinero en efectivo.
Incremento de patrimonio en seis años, según Fiscalía
Macas fue detenido mientras se encontraba en el interior de su casa en la urbanización Las Crucitas. Un video en redes sociales lo muestra sometido en el piso mientras un policía le pregunta el nombre.
De acuerdo con Fiscalía, se presume que el alcalde de Machala, Darío Macas y su esposa habrían incrementado —de forma injustificada— su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones, entre 2019 y 2025.
En 2019 Darío Macas llegó por primera vez a la alcaldía de Machala tras ganar la elección con Unidad Popular y Avanza. Ocupó el cargo hasta 2023.
El político se lanzó a la reelección con la Revolución Ciudadana y ganó para un segundo periodo entre 2023-2027.
El enriquecimiento ilícito sucede cuando la riqueza de una persona aumenta, pero no puede justificarse con sus ingresos o actividades legales.
Este delito se sanciona con cárcel de entre siete y 10 años cuando el incremento patrimonial injustificado es superior a los 400 salarios básicos unificados.
Según el Ministerio del Interior, las evidencias recopiladas apuntan a la existencia de un presunto esquema de corrupción que habría operado desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala y varias de sus empresas públicas.
Las pesquisas señalan que se habría registrado «simulación de transferencias societarias, utilización de consorcios fachada y direccionamiento de fondos públicos hacia personas del entorno del principal investigado». (I)
