Deficiencias constructivas, retrasos injustificados y pagos sin sustento en la construcción de unidades educativas

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QUITO, Pichincha

La Contraloría General del Estado (CGE) emitió un nuevo reporte sobre las “falencias recurrentes” en la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, entre 2009 y 2020. Se examinó la ejecución de obras en 19 provincias del país.

Según el organismo de control, estas obras se caracterizaron por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los proveedores del Estado y por las falencias en los pagos a contratistas.

Las contrataciones se efectuaron, entre 2009 y 2020, por entidades adscritas al Ejecutivo, municipios y empresas públicas. Sobre el desarrollo de esos procesos se emitieron 271 hallazgos de auditoría; luego de categorizarlos y ponderarlos, se identificó que el incumplimiento de los términos contractuales fue la falencia normativa recurrente, seguido por las fallas en el control de pagos y desembolsos, con el 34 % y 21 % del total de los hallazgos, respectivamente.

El 34 % de los hallazgos utilizados para la elaboración del reporte señalaron falencias en tres ámbitos: especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo y perfil del personal técnico.

Según la CGE, la inobservancia de estos parámetros puso en riesgo la seguridad de las comunidades educativas y dificultó que los inmuebles presten servicios oportunamente, en condiciones óptimas.

Además, los contratistas utilizaron materiales distintos a los establecidos en los contratos e inobservaron las especificaciones técnicas de los planos y diseños constructivos. Los informes de auditoría advierten sobre vigas sin el recubrimiento mínimo requerido y columnas con irregularidades.

Tampoco se efectuaron los ensayos de laboratorio y de campo, estipulados contractualmente para garantizar la calidad, resistencia y seguridad de las estructuras.

El organismo menciono como ejemplo que, en la cubierta de la Unidad Educativa del Milenio tipo A del cantón Célica, los trabajos no se realizaron en concordancia con los planos, originando que las planchas de policarbonato se levanten por el viento. Además, la estructura metálica no se soldó correctamente, por lo que es inestable y peligrosa para los estudiantes y docentes.

En otro caso, la contratista no solucionó deficiencias constructivas en la cubierta de la Unidad Educativa del Milenio Santa Rosa, en El Chaco, provincia de Napo. La losa presentó filtraciones de agua lluvia debido a que no se revisó la construcción de los hormigones ni la instalación de malla electrosoldada.

En los expedientes no constan documentos que garanticen la calidad de los materiales empleados en las obras, ni certificados ISO 9001, ISO 14001 y Ohsas, relacionados con el cumplimiento de procedimientos, prevención de la contaminación y normas de seguridad y salud ocupacional, respectivamente. Tampoco se aplicaron buenas prácticas de ingeniería, establecidas en la Norma Ecuatoriana de la Construcción.

En cuanto al personal, las constructoras y fiscalizadoras no emplearon profesionales especializados para el desarrollo adecuado de los trabajos, como ingenieros civiles, hidráulicos sanitarios, eléctricos y ambientales. Los funcionarios responsables de controlar el desarrollo de los proyectos no verificaron las nóminas de trabajadores, previo al pago de planillas.

Las unidades educativas se entregaron con retrasos, afectando el servicio a la ciudadanía. Los términos para la entrega de trabajos y finalización de las obras se prorrogaron injustificadamente, sin que se presenten situaciones fortuitas o de fuerza mayor, de acuerdo a lo que dispone la ley. (I)

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Post Author: David Jaramillo

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