Ing. Agr. Jenny Triviño Eguez
El sector arrocero ecuatoriano atraviesa una crisis sistémica que trasciende el problema coyuntural de precios y expone fallas estructurales en la gobernanza agroproductiva. A pesar de la disposición oficial de compra a precio regulado, en la práctica se evidencia una distorsión severa del mercado: el productor recibe valores por debajo del costo de producción, mientras enfrenta restricciones arbitrarias en la recepción de su cosecha.
Este fenómeno refleja una clara asimetría de poder en la cadena de valor, donde la industria molinera y los intermediarios condicionan la comercialización, debilitando la efectividad de la política pública.
Desde el punto de vista técnico, el problema radica en la ausencia de mecanismos de control y trazabilidad eficientes que garanticen el cumplimiento del precio oficial en campo.
Falta de planificación
La falta de planificación del ciclo productivo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (MAGP) ha generado sobreoferta estacional sin estrategias de almacenamiento, industrialización o apertura de mercados, lo que presiona los precios a la baja.
A esto se suma la inexistencia de instrumentos como compras públicas oportunas, fondos de estabilización o esquemas de agricultura por contrato que permitan mitigar la volatilidad.
El impacto económico es contundente: productores descapitalizados, incapacidad de cubrir costos directos (semilla, fertilización, riego, mano de obra) y creciente abandono de áreas productivas.
Crisis en el sector
Socialmente, la crisis se traduce en angustia, migración rural y pérdida de tejido productivo. El testimonio recurrente de agricultores que no logran vender su cosecha evidencia un colapso en la articulación institucional.
Además, la debilidad en el control de importaciones y el contrabando agrava la situación, introduciendo presión adicional sobre el mercado interno. Sin una política arancelaria y de control fronterizo coherente, el esfuerzo productivo nacional queda expuesto a competencia desleal.
La crítica a la gestión actual del ministro de Agricultura no es menor: la ausencia de liderazgo técnico, la débil capacidad de coordinación interinstitucional y la reacción tardía ante la crisis configuran un escenario de desorden operativo.
La política agropecuaria no puede limitarse a declaraciones; requiere ejecución rigurosa, datos en tiempo real y presencia territorial efectiva.
En síntesis, el arroz ecuatoriano enfrenta una tormenta perfecta: precios deprimidos, fallas institucionales, vulnerabilidad climática y desarticulación de mercado. Sin intervención estructural inmediata, el país no solo perderá más hectáreas, sino que comprometerá seriamente su seguridad alimentaria. El campo no pide exige con urgencia y quiere cambios urgentes. (I)
