QUITO, Pichincha
El concurso para designar a un nuevo contralor sufrió otro traspié. Ayer jueves se conoció la decisión de un juez del cantón Bucay que otorgó medidas cautelares a la ciudadana Jennifer Díaz Ortiz.
La ciudadana presentó una acción de protección en contra de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto porque la entidad que preside está a cargo del concurso de designación de la primera autoridad del Contralor General.
Díaz Ortiz argumento que ese proceso ha vulnerado derechos constitucionales. La acción presentada detalla que la responsabilidad de dicha vulneración recae en la Comisión Ciudadana que lleva adelante el proceso.
Entre otras cosas, la interpelante dice que existe omisión por parte del Consejo de Participación al no garantizar la transparencia del concurso.
En el análisis que hace el Juez de Bucay se lee: “la legitimada activa pretende que el concurso se suspenda en vista de los múltiples actos arbitrarios por parte de los miembros de la Comisión Ciudadana y la omisión del CPCCS de vigilar la transparencia de sus actuaciones, que han devenido en la vulneración de derechos constitucionales de los concursantes”.
El Juez de Bucay suspendió el concurso de forma inmediata “hasta que se resuelva el fondo de la presente acción de protección”. Vera, como presidente del CPCCS, tiene 24 horas para remitir un informe con el cumplimiento de la sentencia. (I)
