QUITO, Pichincha
El Pleno tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
La normativa busca fortalecer la respuesta estatal y limitar la capacidad operativa, territorial y económica de las estructuras delictivas.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, señaló, durante la presentación del informe, que el crimen organizado no solo aspira controlar los cargamentos de droga, sino también las condiciones que le permitan mantener sus operaciones.
Para ello, procura controlar rutas, recursos económicos e información; obtener protección; y corromper y penetrar las instituciones encargadas de combatirlo.
Mishel Mancheno, recordó que, desde 2025 y en lo que va de 2026, el país registra 316.000 toneladas de droga incautadas, 796.000 de material aurífero, 477.000 municiones, 2.533 millones de galones de combustible y USD 3.418 millones vinculados a estas redes criminales.
En este contexto, enfatizó que la iniciativa pretende que el Estado deje de reaccionar únicamente frente a los hechos violentos y pase a combatir de manera integral a las organizaciones criminales, sus estructuras, fuentes de financiamiento, patrimonio, control territorial e infiltración institucional.
Se plantea llegar a quienes organizan, dirigen, financian, ejercen mando o control, coordinan estratégicamente, reclutan, facilitan infraestructura o proporcionan recursos con conocimiento de la finalidad criminal.
Golpear a economía criminales
Añadió que, para golpear las economías criminales, otro de los ejes centrales es la persecución patrimonial. Y que existirían aproximadamente 583 bienes inmuebles y 2.600 automotores relacionados con organizaciones criminales y con el narcotráfico, cuyo cuidado genera gastos públicos.
El proyecto también plantea mecanismos para una gestión más eficiente de los bienes incautados, considerando su conservación y eventual venta anticipada en los casos previstos por la normativa.
Mancheno aclaró que la reforma no criminaliza la defensa técnica, sino el uso doloso de la profesión para facilitar o encubrir actividades criminales. La inhabilitación de abogados procederá conforme a sentencia ejecutoriada.
“Los ecuatorianos nos están viendo y ellos sabrán perfectamente quiénes están dispuestos a cerrarles el paso a estas economías criminales y también quiénes eligieron seguir permitiendo que el crimen organizado esté en nuestro país”, resaltó.
Aportes previos
La propuesta recoge los aportes de más de 50 comparecencias y toma como referencia experiencias internacionales, especialmente de Italia, por su lucha contra la mafia y la aplicación de mecanismos de persecución patrimonial, así como de Estados Unidos y Argentina, países que cuentan con legislación antimafia para combatir el crimen organizado. (I)
