QUITO, Pichincha
Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) se reunieron la mañana de este sábado de manera extraordinaria, para aceptar la renuncia de dos jueces, quienes asumirán otros despachos. Tras los cambios, salta a la luz un déficit de juzgadores a nivel nacional, ya que quedaron incompletos tribunales.
En la reunión, el Consejo de la Judicatura determinó un plazo de 10 días, para que todas las direcciones provinciales emitan un informe con su diagnóstico. En última instancia, el objetivo es conocer cuál es el déficit real de jueces en el país, revelaron a Vistazo fuentes cercanas a la entidad.
Los cambios tienen origen en una sentencia de acción de protección. El cumplimiento los reintegra al banco de elegibles. Sin embargo, los movimientos provocan ausencias de juzgadores en tribunales.
“No podemos hablar de una justicia eficiente si existen dependencias con carga procesal excesiva y sin el número suficiente de jueces para atender a la ciudadanía”, había anticipado horas antes de la reunión la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, a través de sus redes sociales.
“La falta de jueces en varias jurisdicciones es evidente y afecta la administración de justicia. Los informes técnicos nos permitirán adoptar las soluciones más viables y oportunas”, señaló Caicedo.
Fuentes cercanas explicaron que una vez definido el déficit se evaluará la posibilidad de ubicar jueces temporales, mientras avanzan los concursos.
Cambio de funciones
El consejo aceptó las renuncias de los jueces José Dávila, del tribunal de Garantías Penales del Guayas, así como de Max Tandazo, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Catamayo, en Loja.
Ambos presentaron sus renuncias para asumir funciones en otras dependencias judiciales.
Sus nombramientos, informó el CJ, fueron aprobados por el pleno en abril pasado, en cumplimiento de sentencias previas.
En el país hay aproximadamente dos mil jueces de primer nivel en todas las materias, multicompetentes, penales, civiles, de familia, de violencia, de adolescentes en conflicto con la ley. En segundo nivel están los miembros de tribunales de garantías penales y penitenciarias, contenciosos administrativos; tribunales de lo contencioso tributario. En tercer nivel, funcionarios de cortes provinciales.
Protección para los juzgadores
La sesión se realiza pocos días después de que la jueza Lady Pachar fue asesinada en El Oro. Ella tenía un perfil de alto riesgo por el tipo de causas que conocía.
Entre 2020 y 2026, el Observatorio de Derechos y Justicia, detectó 43 atentados contra la vida y la integridad de servidores judiciales. De ese total, 25 derivaron en crímenes contra jueces, fiscales, funcionarios y colaboradores de la justicia en el país.
«No podemos morir por nuestras decisiones judiciales. Eso no se tolera», afirmó la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, quien presentó la denuncia por el crimen de la jueza Lady Pachar. Esta diligencia la realizó en la provincia de El Oro, donde se cometió el crimen, el viernes 15 de mayo. Allí se reunió con autoridades de esa provincia, para expresarles su respaldo.
Caicedo, quien anteriormente cumplió funciones como jueza nacional, conoció casos de gran impacto. Entre ellos, el entramado Metástasis, que involucró a algunos juzgadores en redes de corrupción para favorecer la impunidad de personas vinculadas con el narcolavado.
El 29 de abril, Mercedes Caicedo asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura. (I)
