QUITO, Pichincha
Los representantes de la Defensoría del Pueblo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información presentaron sus observaciones al proyecto de Ley Antimafias.
Este proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, lo analiza la Comisión de Seguridad Integral
Durante la sesión de ayer lunes 15 de junio, las instituciones presentaron observaciones técnicas y criterios sobre el contenido de la propuesta legislativa, orientada a fortalecer las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado.
Fortalecer capacidades estatales
Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, respaldó la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para enfrentar el crimen organizado.
Sin embargo, señaló que las reformas deben desarrollarse dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos y que “la seguridad y los derechos humanos son complementarios y no conceptos contrapuestos”.
Entre sus principales recomendaciones destacó la necesidad de revisar la proporcionalidad de las penas, mejorar la técnica legislativa, reforzar la protección de las personas en condición de vulnerabilidad e incorporar garantías para terceros de buena fe en los procesos de extinción de dominio.
Modificaciones en materia tributaria
Por su parte, Carla Robalino, representante del SRI, informó que, tras analizar el proyecto, la institución no identificó disposiciones que requieran modificaciones en materia tributaria.
Y destacó las acciones que ejecuta la entidad para contribuir al combate del crimen organizado, entre ellas la elaboración de Reportes de Operaciones Inusuales (ROI), que son remitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), así como la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado cuando se detectan posibles delitos de defraudación tributaria.
No afectan las competencias
Mientras tanto, Diana Cangás, delegada del Ministerio de Telecomunicaciones, reiteró que las reformas planteadas no afectan directamente las competencias ni los cuerpos normativos bajo la rectoría de esa cartera de Estado.
Indicó que, tras realizar una evaluación técnica y jurídica de la propuesta junto con las subsecretarías correspondientes, se concluyó que no existen observaciones al texto planteado.
Cangás reiteró la disposición institucional para colaborar con información y asistencia técnica cuando sea requerida.
Los aportes recibidos serán considerados por la mesa legislativa en el proceso de elaboración del informe para primer debate, con el objetivo de fortalecer el marco normativo y enfrentar de manera integral las estructuras del crimen organizado. (I)
