QUITO, Pichincha
El 2025, el Gobierno ecuatoriano ejecutó 386 operativos contra la minería ilegal en el país. Estos consisten en fuerza militares desarticulando campamentos irregularidades en zonas mineras, arrestando criminales y decomisando maquinaria utilizada para esta actividad.
Los operativos, que complementan otras iniciativas institucionales para eliminar la minería ilegal, ocurren con regularidad a lo largo del país. Según el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, es la “primera vez [que] un presidente ecuatoriano le declara la guerra de frente al narcotráfico y a sus redes de financiamiento, como la minería ilegal”. “[Daniel] Noboa está haciendo lo que ningún otro mandatario en la región se ha atrevido a hacer”, dijo en una entrevista.
La efectividad de estos operativos ha sido cuestionada por expertos. En un reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado publicado en 2025, la autora concluye que, en el Ecuador, “los esfuerzos de las fuerzas de seguridad han tendido a centrarse en operaciones mineras ilegales puntuales, sin abordar los factores estructurales que las alimentan”.
Y pese a que el Estado desplegó fuerzas militares en cientos de ocasiones en 2024 para combatir esta actividad, la exportación ilícita de oro generó más de USD 1.000 millones para grupos criminales ese año.
Esto no ha detenido las iniciativas del Gobierno. En 2026, fuerzas militares han realizado operativos contra la minería ilegal en Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi, Loja y otras localidades.
Para las autoridades, estas acciones son necesarias para atacar la economía de los grupos irregulares que se benefician del comercio ilegal del oro. Para las comunidades que viven cerca de los focos de minería ilegal, la actividad militar se ha vuelto parte de la rutina. Y aunque la extracción del oro trae todo tipo de problemas como la violencia y la contaminación, las acciones del Gobierno tampoco traen alivio.
Falta de resultados
Inewe Nenquimo, originalmente de la provincia de Pastaza, es un activista dedicado a la defensa de la naturaleza y a los derechos de las comunidades indígenas. Como un miembro del pueblo waorani, gran parte de su labor está relacionada a las necesidades de este grupo.
Debido a que en Pastaza es escenario de tramas delictivas como el tráfico de combustibles y tráfico de armamento, así como la minería ilegal, las autoridades mantienen una presencia notable en la zona. Para Nenquimo, estas acciones no son adecuadas para responder a la criminalidad. “Cuando hay estos operativos, hay gente que ya avisa desde adentro”, afirma. “[Antes de un operativo] ya hay llamadas diciendo que los militares o los policías van a entrar. Obviamente si estás en un grupo armado vas a estar listo”. (I)
