QUITO, Pichincha
La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por las contrataciones realizadas por Celec durante la emergencia energética de 2024. El anuncio lo realizó Roberto Luque, exministro encargado de Energía y Minas, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde indicó que colaborará con su versión de los hechos para aportar al esclarecimiento del caso.
Durante su gestión, que se extendió desde abril hasta el 2 de julio de 2024, Luque reemplazó a Andrea Arrobo, a quien el presidente Daniel Noboa le solicitó la renuncia en plena crisis eléctrica. El 2 de julio asumió oficialmente el cargo el actual ministro titular, Antonio Goncalves.
Contratos cuestionados por USD 100 millones
El caso se centra en contratos adjudicados por Celec a las empresas Progen (EE. UU.) y Austral, durante los meses de julio y agosto de 2024. Según un informe aprobado el 21 de julio por la Contraloría General del Estado, estas contrataciones habrían generado un perjuicio económico de al menos USD 100 millones.
El desglose de las pérdidas indica que USD 70 millones corresponden a la central termoeléctrica El Salitral, ubicada en Guayaquil, y USD 30 millones a la planta de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ambas fueron adjudicadas a Progen, en el contexto de una crisis que obligó al Gobierno a tomar decisiones aceleradas para enfrentar los apagones.
Regresos polémicos y observaciones administrativas
El exministro Luque también destacó que el ingeniero Fabián Calero, quien estuvo en comisión de servicios en el Ministerio de Energía durante su gestión, retornó a su cargo en Celec, en medio de las controversias por los contratos adjudicados a Progen y Austral.
La Contraloría ya había alertado sobre irregularidades técnicas, contractuales y financieras en la adjudicación y ejecución de esos contratos, por lo que recomendó remitir los hallazgos a la Fiscalía, que ahora da el siguiente paso con la apertura de la investigación penal.
La crisis eléctrica de 2024 dejó sin suministro a varios cantones por más de 10 horas al día durante semanas, situación que presionó al Ejecutivo a tomar decisiones rápidas y contratar generación de emergencia. Ahora, el Ministerio Público deberá determinar si esas contrataciones incurrieron en delitos de peculado, tráfico de influencias o incumplimiento de deberes. (I)
